Francia ha logrado frenar a la ultraderecha. El Nuevo Frente Popular ha dado un vuelco a los sondeos y ha logrado el mayor número de diputados, con 182 escaños. El bloque macronista le sigue en segundo lugar, con 168 legisladores; y la ultraderechista Agrupación Nacional, que ganó en primera ronda, ha quedado relegada a la tercera fuerza al sumar junto a sus aliados 143 escaños.
El Nuevo Frente Popular es una alianza formada por el Partido Socialista (PS), el ecologista EELV, La Francia Insumisa (LFI) y el Partido Comunista (PCF), que surgió con el objetivo de frenar el avance de la ultraderecha en el país galo. Una meta que, finalmente, parecen haber logrado alcanzar.
Ahora, el panorama que se dibuja es incierto, con una Asamblea Nacional sin mayoría absoluta y dividida en tres bloques muy alejados entre sí y aparentemente irreconciliables. De momento, el líder del Nuevo Frente Popular, Jean-Luc Mélenchon, ha emplazado al presidente, Emmanuel Macron, a encargarles la formación de Gobierno.
Esta alianza de la izquierda francesa recoge en su programa político una lista con 150 de medidas centradas en políticas económicas de carácter social que prevén implantar en varias etapas. En concreto, el pasado mes de junio presentaron un plan que divide las propuestas entre aquellas que se implementarán en los primeros 15 días de mandato, otras que se llevarán a cabo en un plazo de 100 días, y otras tantas más que se irán implementando a lo largo de los siguientes meses.
El objetivo principal de estas promesas es el de provocar una "ruptura" con los últimos gobiernos liberales y conservadores.
Primeras medidas que se comprometen a aprobar
Entre las primeras medidas que se compromete a aprobar destaca la derogación de la polémica reforma de las pensiones, implementada por el Gobierno en septiembre del año pasado y que prevé el retraso progresivo de la edad de jubilación hasta los 64 años, así como el aumento a los 43 años de cotización para poder aspirar a totalidad de la pensión.
Asimismo, los partidos de izquierdas se han comprometido a aumentar el salario mínimo hasta los 1.600 euros netos, elevar en un 10% la plantilla del funcionariado e incrementar los salarios de los becarios. Además proponen bloquear los precios de los artículos de primera necesidad, incluido la energía y el combustible.
El Nuevo Frente Popular también aspira a aumentar la ayuda para la vivienda y apostar por la construcción de viviendas sociales; defender la sanidad pública y avanzar en el proyecto hacia "una educación escolar totalmente gratuita", incluido el material, transporte, actividades extraescolares y servicio de comedor; y reformar la Política Agraria Común (PAC).
Por otro lado, de cara a los primeros 100 días de mandato, el Nuevo Frente Popular se compromete a restablecer el impuesto de patrimonio, reformar el impuesto de sucesiones e imponer "un impuesto por kilómetro a los productos importados". También apuestan por equiparar los salarios al IPC de acuerdo con la inflación, y abogar por las energías renovables de cara a lograr la neutralidad de carbono en 2050.
Propuestas a largo plazo
Entre sus propuestas a largo plazo, los partidos progresistas se comprometen a aumentar la contratación en el sistema de salud y educativo, alcanzar las 200.000 nuevas viviendas sociales al año e impulsar una reforma de las pensiones que reduzca la edad de jubilación a los 60 años.
En aras de promover la igualdad, propone equiparar los salarios y aprobar permisos menstruales en las empresas y administración pública. La Seguridad Social también cubrirá los productos de higiene íntima femenina y se podrá sancionar a aquellas empresas que no cumplan con los controles.
Otro de los objetivos a largo plazo del Nuevo Frente Popular es el de reducir a 35 horas semanales la jornada laboral y rebajarla otras tres horas más para aquellos trabajos que sean considerados como de mayor dificultad o que se lleven a cabo en horario nocturno. El agotamiento físico y mental derivado de la carga de trabajo podrá ser considerado como enfermedad profesional.
Asimismo, la izquierda propone tomar el control total del servicio de abastecimiento de agua, estableciendo además un consumo gratuito durante los primeros metros cúbicos y un precio progresivo dependiendo del consumo. Además, se propone rechazar el pacto de libre comercio entre la UE y Canadá, así como el acuerdo Mercosur.
Para los agricultores, el Nuevo Frente Popular propone prohibir la importación de alimentos que no cumplan con los estándares sociales y ambientales.
Propuestas en el ámbito internacional
En el ámbito internacional, la agrupación de partidos de izquierda apuesta por una defensa "inquebrantable" de la soberanía nacional y libertad territorial del pueblo ucraniano, así como la defensa total de sus fronteras internacionalmente reconocidas a través del "suministro de las armas necesarias".
Respecto al otro gran conflicto internacional de la actualidad, como es el conflicto entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, el Nuevo Frente Popular ha reiterado su compromiso con la liberación de los rehenes secuestrados por la milicia palestina desde comienzos de octubre.
Aunque los partidos de izquierda rechazan con contundencia "el proyecto teocrático" de Hamás, también defienden la liberación de los presos palestinos detenidos por Israel, así como el reconocimiento "inmediato" del Estado de Palestina sin que ello vaya en detrimento del Estado de Israel.
Sobre las políticas de cara a la Unión Europea, los partidos de izquierda apuestan por poner fin a los tratados de libre comercio y reformar la PAC, mientras que al mismo tiempo defienden la necesidad de "gravar a los más ricos a nivel europeo para aumentar los recursos presupuestarios propios de la UE".
Por otro lado, han reiterado su contundente rechazo a toda muestra de racismo, xenofobia, antisemitismo o islamofobia.
Medios de comunicación
La coalición de izquierdas ha propuesto una serie de políticas "sostenibles y de financiación visible" para los medios de comunicación públicos, para los que además aboga por defender "la independencia de las redacciones respecto de sus propietarios".
También aboga por una "estricta" limitación de la concentración de empresas culturales y de medios de comunicación en manos de "unos pocos" propietarios, y apuesta por eliminar las ayudas públicas a "medios de comunicación condenados por incitar al odio o atentar contra la dignidad de las personas".