La decisión del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional(CPI), Karim Khan, de pedir la apertura de una investigación por la invasión de Ucrania por parte de Rusia comienza a perfilar en un horizonte, todavía lejano, la posibilidad de que el presidente ruso, Vladímir Putin, y la cúpula política y militar de su régimen pudieran llegar a ser investigados y juzgados por genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad.
"Toda persona que cometa dichos crímenes, incluyendo el hecho de ordenar, incitar o contribuir de cualquier otro modo a la comisión de estos, podrá ser procesada ante la Corte, con pleno respeto al principio de complementariedad", afirmaba Khan la semana pasada en uno de los comunicados difundidos por su oficina, en los que consideraba "imperativo" que "todas las partes en el conflicto respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario".
El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, que formó parte del tribunal de Naciones Unidas que elevó a cadena perpetua la sentencia contra el criminal de guerra serbobosnio Radovan Karadzic, comparte el encaje legal que da a los hechos la Fiscalía de la CPI y explica a laSexta que no existe la posibilidad de aplicar el crimen de agresión -que tipifica el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado- porque "ni Rusia ni Ucrania son miembros del Estatuto de Roma", que regula el funcionamiento del tribunal.
Manuel Ollé, profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, advierte, sin embargo, de las dificultades para que Putin pueda llegar a sentarse algún día en el banquillo de los acusados por la agresión a Ucrania. En primer lugar, según explica, porque Rusia "no reconoce el Estatuto de Roma ni la Corte Penal Internacional" y, además, porque "los hechos difícilmente podrían ser trasladados por las Naciones Unidas, en el que dispone de derecho de veto al ser miembro del Consejo de Seguridad". "Más allá de todo eso, Putin se pasa la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por donde tú y yo la de Marte", añade.
Vericueto legal para investigar
No obstante, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional asegura haber encontrado una fórmula para poder investigar los hechos que vienen sucediéndose desde hace casi una semana en Ucrania. Aunque el país invadido tampoco firmó el Estatuto de Roma, lo que le impide presentar una denuncia por sí misma, Khan subraya que sí "ha ejercido en dos ocasiones sus prerrogativas" para aceptar legalmente su jurisdicción.
El Gobierno de Ucrania aceptó la jurisdicción de la CPI con respecto a los presuntos crímenes cometidos en su territorio entre el 21 de noviembre de 2013 y el 22 de febrero de 2014, con motivo del conflicto en el Donbás en el que derivó la denominada revolución del Maidán. La segunda declaración amplió este periodo de tiempo de forma abierta para abarcar los crímenes en curso que se habrían cometido en todo el territorio de Ucrania a partir del 20 de febrero de 2014.
Otra vía alternativa para posibilitar la apertura de una investigación, que en última instancia tendría que ser autorizada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte, sería que alguno de los estados que firmaron el Estatuto de Roma denunciara formalmente los hechos. De hecho, el fiscal jefe ya ha pedido a su equipo que "explore todas las posibilidades para conservar pruebas", al tiempo que ha reclamado "apoyo presupuestario adicional" e incluso "contribuciones voluntarias" para poder llevar a cabo una investigación sobre el terreno. "Este pronunciamiento es importante, sobre todo, desde el punto de vista preventivo -explica Ollé- porque las autoridades rusas tienen que saber que el foco está puesto sobre ellas".
Justicia universal limitada
La vía del Tribunal Penal Internacional es la única posibilidad de enjuiciar este tipo de crímenes de guerra, salvo que el caso fuera aceptado por algún tribunal nacional. En España las posibilidades son escasas desde que, primero en 2009 y después en 2014, el Congreso decidiera limitar la denominada jurisdicción universal, que permitió a la Audiencia Nacional abrir investigaciones por casos como el asesinato en Irak del cámara José Couso, los genocidios perpetrados en el Tíbet, Guatemala o el Sáhara, los vuelos de la CIA o los crímenes cometidos en Guantánamo, Ruanda o la Franja de Gaza.
La actual regulación de la justicia universal se estableció el 27 de febrero de 2014. Con los únicos votos del PP, el Congreso modificó el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad únicamente pueda producirse cuando la causa se dirija contra españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad española después de cometer los hechos investigados o cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades de nuestro país. Y siempre que previamente se haya interpuesto una querella por el agraviado por el Ministerio Fiscal, excluyendo el ejercicio de la acción popular.
De Prada explica que la actual regulación de la justicia universal "exige unos requisitos que no se podrían cumplir nunca" en el caso de la invasión de Ucrania porque "el autor tendría que ser nacional español, residir habitualmente en España o, estando en España, que se hubiera rechazado su extradición". "Lo más grave es que, en la actual situación, España no puede cumplir con los requerimientos que pudiera hacerle la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para cooperar en la investigación", afirma.
En 2018 la entonces ministra de Justicia y actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, creó una comisión de expertos para tratar de recuperar el proyecto de justicia universal. La idea es un mandato del Congreso desde mayo de 2021, cuando, con la oposición del PP y Vox, se aprobó una proposición no de ley (PNL) presentada por Unidas Podemos en la que se insta al Gobierno a recuperar el sistema de jurisdicción universal que estuvo vigente hasta esa reforma y que, entre otras cosas, permitió que en octubre de 1988 el juez Baltasar Garzón dictara una orden de detención internacional contra el dictador chileno Augusto Pinochet.