El Supremo, al aceptar la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia, ha nacionalizado los bienes de la organización religiosa, según la agencia Itar-Tass. El pasado marzo se había sabido que el Supremo iba a estudiar declarar organización extremista a los Testigos de Jehová, después de que el Ministerio de Justicia solicitase permiso para cerrar las principales oficinas de este grupo religioso, ubicadas en la ciudad de San Petersburgo.
Tras conocerse la noticia, los Testigos de Jehová habían defendido que no son una organización extremista y advirtieron de que el veto afectaría a 400 de sus ramificaciones y a un total de 175.000 fieles en Rusia. "Si esta denuncia prospera, acarreará consecuencias catastróficas para la libertad religiosa en Rusia", dijeron en un comunicado.
Rusia ya había prohibido publicaciones de la organización argumentando que destruye familias e incita al odio y, según Amnistía Internacional, 16 miembros ya fueron condenados a finales de 2015 por pertenencia a una "organización extremista".
La Unión Europea ha defendido que la libertad de religión o credo debe ser un derecho que puedan ejercer las personas en todo el mundo y ha dejado claro que "los Testigos de Jehová, como cualquier otro grupo religioso, debe poder disfrutar pacíficamente de la libertad de asamblea sin interferencias", tal y como garantiza la propia Constitución rusa.
"La decisión del Tribunal Supremo de la Federación Rusa de prohibir las actividades del Centro Administrativo de los Testigos de Jehová en Rusia por razones de extremismo podrían permitir lanzar procesamientos judiciales contra los Testigos de Jehová solo por meros actos de culto", ha avisado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.
El servicio diplomático de la UE ha dejado claro que "los Testigos de Jehová, como cualquier otro grupo religioso, debe poder disfrutar pacíficamente de la libertad de asamblea sin interferencias", tal y como garantizan la Constitución rusa y los estándares internacionales de Derechos Humanos.
"La Unión Europea continúa promoviendo la libertad de religión o credo como un derecho que debe ejercer todas las personas en cualquier parte, con arreglo a los principios de igualdad, no discriminación y universalidad", ha remachado el portavoz.