El Gobierno socialdemócrata rumano celebrará una sesión extraordinaria para retirar el polémico decreto ley que despenaliza ciertos delitos de corrupción, y cuya aprobación ha generado la mayor oleada de protestas en el país balcánico desde la caída del comunismo en 1989.
Decenas de estudiantes de Cluj-Napoca, la segunda ciudad más grande de Rumanía, han llegado a Bucarest para unirse a las protestas. "Vamos a celebrar una sesión de Gobierno extraordinaria para derogar el decreto", dijo ayer el primer ministro socialdemócrata, Sorin Grindeanu, en una declaración a los medios.
El jefe del Ejecutivo aseguró que no quiere que la sociedad rumana se divida y añadió que negociará con la oposición un nuevo proyecto de ley que cuente con el máximo respaldo posible.
El martes pasado el Gobierno aprobó por vía de urgencia un decreto ley que despenaliza los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado menores a 44.000 euros.
Esta modificación penal iba a acompañada de un indulto a 2.700 presos por delitos menores, también por corrupción, y que el Ejecutivo justificó por la necesidad de vaciar las abarrotadas cárceles rumanas.
La oposición, el presidente Klaus Iohannis, la magistratura, la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Europea y países como Alemania y Francia criticaron duramente el decreto. El Partido Socialdemócrata venció de forma holgada en las elecciones del pasado diciembre con el 45 % de los votos, pero el polémico decreto no estaba incluido dentro de su programa electoral.