El Gobierno de Donald Trump ha amenazado con recortar los fondos a las llamadas "ciudades santuario", que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a los indocumentados y a los inmigrantes que han cometido algún delito.
El Ejecutivo ya había expresado esta amenaza anteriormente, pero el fiscal general, Jeff Sessions, dio un ultimátum a las alrededor de 200 entidades locales que protegen de la deportación a los inmigrantes, entre las que se incluyen grandes urbes dirigidas por la oposición demócrata, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
"Cuando las ciudades y los estados se niegan a ayudarnos a hacer cumplir nuestras leyes, nuestro país es menos seguro. No deportar a los inmigrantes que han sido condenados por delitos pone a todas nuestras comunidades en peligro", afirmó Sessions.
De esa forma, Sessions anunció que el Departamento de Justicia dejará de otorgar subvenciones a las ciudades y condados que permitan la puesta en libertad de los inmigrantes que han cometido un delito y que se nieguen a informar a las autoridades migratorias sobre el estatus migratorio de sus detenidos.
