La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tilda de "una vergüenza" el nuevo proyecto de ley húngaro que, entre otros aspectos, prohíbe hablar sobre homosexualidad en los programas escolares.
"Esta ley claramente discrimina a personas en base a su orientación sexual. Va contra todos los valores fundamentales de la Unión Europea", ha criticado Von der Leyen en una rueda de prensa con el primer ministro belga, Alexander de Croo. Así, la jefa del Ejecutivo comunitario ha encargado a los comisarios responsables de estos asuntos que envíen una carta a las autoridades húngaras para expresar las "preocupaciones legales" que les genera esta normativa antes de que entre en vigor.
Von der Leyen ve la ley contraria a valores como la dignidad humana, la igualdad y los derechos fundamentales, y advierte de que la Unión Europea "no transigirá en estos principios". "Creo en una UE donde seas libre para amar a quien quieras, que abrace la diversidad que es el cimiento de nuestros valores. Usaré todos los poderes de la Comisión para asegurar que se garantizan los derechos de todos los ciudadanos europeos, seas quien seas y vivas donde vivas", añadió Von der Leyen.
"Creo en una UE donde seas libre para amar a quien quieras"
El mensaje de la presidenta europea llega una semana después de que el Parlamento húngaro aprobara el pasado 15 de junio, con los votos del partido gobernante de Viktor Orbán, la polémica normativa que, entre otros aspectos, prohíbe hablar sobre homosexualidad en los programas escolares. Esas medidas se incluyeron dentro de un proyecto de ley contra la pedofilia, en el que se prohíbe exponer a menores de 18 años a pornografía y a cualquier contenido que fomente el cambio de sexo y la homosexualidad.
Según la oposición progresista, colectivos de defensa de los derechos LGTBIQ y la prensa que no está controlada por el Gobierno, la ley aprobada es especialmente dañina porque equipara la homosexualidad con la pedofilia. Trece Estados miembros, entre ellos España, firmaron ayer una declaración en la que condenan la normativa húngara y piden a la Comisión Europea que use "todas las herramientas" para garantizar el pleno respeto de los derechos de todos los ciudadanos en la UE.