Eran las 7:39 horas del 11 de marzo de 2004 cuando tres bombas estallaban en un tren que llegaba a Atocha. Instantes después lo hacían otras siete más en otros convoyes en la mayor acción terrorista de la historia de España, que desató una ola de solidaridad ciudadana y sacudió el país a tres días de las elecciones generales. 

En total 191 personas fueron asesinadas en los atentados perpetrados por una célula de terroristas de Al Qaeda: 34 perecieron en el tren que explotó en la estación de Atocha; 63 en el que explotó frente a la calle Téllez; 65 en el de la estación del Pozo del Tío Raimundo; 14 en el que estaba en la estación de Santa Eugenia y 15 en diferentes hospitales. 

Más de 1.800 viajeros resultaron además heridos. Un ataque contra la población civil, "contra el corazón de la ciudad, contra su motor", en palabras del entonces alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, que, por encima del dolor sufrido, destaca la reacción inmediata de "serenidad", de "solidaridad" y de "eficacia formidable" de un Madrid volcado en recuperar su pulso. 
Una década después, no hay duda de que el 11M marcó un antes y un después en la respuesta ante una emergencia de esa magnitud, en la que desde los servicios sanitarios hasta las fuerzas de seguridad cumplieron con nota, al igual que la ciudadanía. 

Taxis y autobuses convertidos en improvisadas ambulancias, vecinos que en pijama auxiliaron con lo que podían a los heridos, pacientes que pedían el alta de forma voluntaria en el hospital para dejar su cama a cientos de lesionados, ciudadanos que dejaron su trabajo o sus clases en la universidad para donar sangre... 

La masacre yihadista provocó una gran tensión política. A tres días de celebrarse unas elecciones generales, los partidos decidieron inmediatamente suspender sus campañas, con la autoría de los atentados muy difusa. Apenas dos horas después, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar -Mariano Rajoy era el candidato del PP-, convocaba el gabinete de crisis y al mediodía el ministro del Interior, Ángel Acebes, aseguraba que "no había duda de la autoría de ETA". Sin embargo, desde el primer momento la pregunta que asaltó a muchos ciudadanos fue "¿quién ha sido?" y casi al mismo tiempo la respuesta de que había sido la banda terrorista fue diluyéndose mientras ganaba fuerza la hipótesis yihadista. 

Entretanto, varios miles de ciudadanos no esperaron ni cuarenta y ocho horas para salir a la calle en solidaridad con las víctimas, en una de las mayores movilizaciones de la historia. Prácticamente todos los sondeos apuntaban a una victoria de Rajoy, frente al también nuevo candidato socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que el 14 de marzo se convirtió en el nuevo presidente del Gobierno. 

Dos meses después, el Congreso de los Diputados aprobaba la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre los atentados, de los que ya había más de una decena de detenidos en las horas y días siguientes a la tragedia. Una mochila-bomba sin estallar, hallada en el tren de la estación de El Pozo, permitió conocer el tipo de explosivo y el número de la tarjeta del móvil al que estaba conectado. Según la investigación, el atentado fue obra del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), autor de la muerte de 45 personas en Casablanca en mayo de 2003. 

No fue hasta el 15 de febrero de 2007 cuando arrancó en Madrid el juicio. La sentencia llegó en octubre para concluir que en los atentados participaron 22 hombres: los siete que se suicidaron en un piso de Leganés (Madrid) y en el que falleció el GEO Francisco Javier Torronteras; 14 de los procesados (que recibieron penas no superiores a los 15 años de cárcel) y una persona sin identificar. 

Los siete suicidas de Leganés, entre ellos Jamal Ahmidan, El Chino, Serhane Ben Abdelmajid, El Tunecino, junto a Zougam y El Gnaoui, fueron quienes colocaron las 13 mochilas cargadas con explosivos (tres no detonaron). Jamal Zougam y Otman El Gnaoui, -condenados a 42.922 y 42.924 años de prisión, respectivamente- fueron considerados autores de los atentados: el primero porque fue reconocido en los trenes y el segundo porque su ADN fue hallado en una sudadera de uno de los terroristas. 

La tercera condena más abultada recayó en el exminero José Emilio Suárez Trashorras, que fue condenado a 34.715 años por sustraer los explosivos y suministrarlos a la célula. Una década después, el 11M es un caso "judicialmente resuelto", aunque no cerrado, ya que la sentencia dejó abierta la posibilidad a que hubiera más terroristas implicados y el juzgado de la Audiencia Nacional que investigó el atentado mantiene abierta una pieza con los perfiles genéticos que quedaron sin identificar. 

De los 18 condenados entonces, catorce siguen en prisión, aunque la cifra se reducirá pronto a trece con la excarcelación del exconfidente de la Guardia Civil Rafá Zouhier, que habrá cumplido la pena impuesta de 10 años. Un tiempo en el que el Estado ha indemnizado a las víctimas con más de 318 millones de euros, y en el que aún cerca de 200 heridos o familiares de fallecidos necesitan ayuda psicológica por estrés postraumático, ansiedad o depresión. 

Todavía hoy una persona continúa hospitalizada en estado vegetativo y hasta 89 sufren heridas que les han dejado totalmente inválidas o con un grado de incapacidad física que les inhabilita para trabajar. Diez años después también las fuerzas de seguridad han tenido que reforzar la lucha contra el terrorismo internacional hasta incluso multiplicar por cinco sus efectivos especializados. Aunque la amenaza de un nuevo atentado ha descendido notablemente, Policía y Guardia Civil no bajan la guardia y se muestran preocupados porque España esté en el centro de los círculos de captación de yihadistas, principalmente en Ceuta y Melilla.