En un dictamen de 27 páginas, la Abogacía del Estado, personada como acusación particular en el caso Nóos en representación de la Agencia Tributaria, rebate el contenido del auto por el que, el pasado 25 de junio, el juez José Castro puso fin a la instrucción del caso Nóos y acordó mantener la imputación de la hermana del Rey Felipe VI por dos presuntos delitos fiscales y uno de blanqueo de capitales.
Una resolución -conocida como auto de pase a procedimiento abreviado- en la que, recrimina la Abogacía, "no se especifica el título de participación de Cristina de Borbón" en los delitos fiscales presuntamente cometidos por Urdangarin. Es más, la acusación apunta que los argumentos esgrimidos por el magistrado para mantener en pie el encausamiento de la infanta no tienen "amparo legal".
En su escrito de alegaciones, presentado este lunes ante el juez y ahora elevado a la Audiencia Provincial de Baleares -que deberá resolver en próximas semanas si archiva la imputación de la infanta y de otros encausados-, la acusación recalca que, a lo largo de los informes de auxilio judicial que ha incorporado durante la instrucción, "siempre" ha sostenido que las personas jurídicas [empresas] utilizadas en el entramado societario de Nóos "eran meras pantallas que ocultaban la actuación de dos personas físicas, que eran Iñaki Urdangarin y Diego Torres".
En esta línea, apunta que durante estas pesquisas se ha constatado la presunta comisión de delito fiscal por parte de ambos exsocios, sin que, por el contrario, se hayan apreciado indicios de cooperación o complicidad de ninguna otra persona al respecto, en referencia a la Infanta y a la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, también imputada.
Los abogados del Estado refutan así las tesis utilizadas por el juez Castro para sostener la imputación de doña Cristina, y que se basan en el hecho de que ésta fuese socia de Aizoon a partes iguales con su esposo, firmase las actas de las Juntas Generales como secretaria de esta sociedad, la mercantil dedujese gastos personales del matrimonio y ambos alquilasen a Aizoon parte de su domicilio como sede social.
Más en concreto, Castro considera que la Duquesa participó en la defraudación de hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008, al facturar Urdangarin a través de Aizoon las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor. Todo ello con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta.
REBATE LA IMPUTACIÓN DE CASTRO