Acuerdo al fin de la Comisión del Pacto de Toledo, tras cuatro años debatiendo sobre la reforma de las pensiones. Un consenso que la presidenta de la mesa, Magdalena Valerio, ha valorado como "un paso para dar certidumbre".
Los diferentes partidos han aprobado este martes la renovación de sus recomendaciones, solo con el 'no' de Vox, para garantizar el futuro de las pensiones, en el que se fija su revalorización con el IPC o la recomendación de fomentar el retraso de la jubilación.
Otra de las recomendaciones que recoge el documento aprobado este martes es la de impulsar los planes de pensiones privados en las empresas, que por ahora solo ofrecen el 27,5% de las compañías y únicamente tienen el 12,3% de los trabajadores.
En la sevillana Tricopiers están estudiando su implantación para "poder ayudar y acompañar" a sus trabajadores "en el cobro de unas pensiones futuras", según aseguran desde la empresa.
Más ventajas fiscales para los planes de empresa
Para hacer más atractiva esta opción, el Gobierno contempla aumentar las desgravaciones en el IRPF para los planes de pensiones de empresas hasta los 10.000 euros, cuando antes el máximo eran 8.000.
En los individuales, más populares entre grandes patrimonios, se reducirán los beneficios fiscales: la desgravación máxima en el IRPF será de 2.000 euros, cuando hasta ahora eran 8.000. Así lo ha indicado el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias: "Reducimos las desgravaciones a los planes de pensiones privados", ha anunciado.
¿Cómo funcionaría? El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, suele mencionar el modelo británico: allí, todas las compañías deben incluir a sus empleados, que pueden desapuntarse. Además, se crearía un fondo público para facilitar que pymes y autónomos accedieran a estos planes de pensiones.
Fomentar jubilaciones más tardías
El Pacto de Toledo también recomienda fomentar el retraso de la jubilación, por ejemplo, penalizando más las jubilaciones anticipadas. Asimismo, propone que las pensiones se liguen siempre al IPC, algo que defiende el Gobierno.
Otra propuesta consensuada por el Pacto de Toledo y que cuenta con el visto bueno del Ejecutivo es liberar a la Seguridad Social de determinados gastos, como algunas prestaciones o sueldos, y pasarlos a los Presupuestos Generales del Estado, para reducir el déficit.