El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha ordenado la apertura de diligencias previas ante la posibilidad de que la venta de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) pudiera suponer un delito de malversación de caudales públicos o de sustracción de bienes públicos de su utilidad social.
Así lo ha manifestado el portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Jaime Lissavetzky para remarcar que este juzgado ya ha ordenado que se investigue la posible comisión de delito, a raíz de la admisión a trámite de la denuncia que presentó contra el Ayuntamiento y la EMVS por esta enajenación de viviendas.
"Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", recoge el auto para remitir a la Fiscalía que incoe diligencias previas.
Lissavetzky ha expresado su satisfacción porque el proceso judicial abierto sigue adelante con la admisión a trámite y espera que haya sentencia sobre la venta de inmuebles de carácter público a un 'fondo buitre'.
En rueda de prensa, el portavoz socialista ha comentado que el PSOE optó por la vía judicial para tratar de impedir la venta de estos inmuebles, dado que el Ayuntamiento no ha hecho caso de la acción política de la oposición y de la "protesta social" contra dicha enajenación.
Lissavetzky ha comentado que estas viviendas son de carácter social y público, construidas por un promotor que es público y edificadas en suelo público para ser vendidas a un fondo de inversión "a precio de saldo".
Por ello, entiende que puede haber malversación de caudales públicos y sustracción de un bien público de su utilidad social. Por otro lado, el edil del PSOE se ha reunido con inquilinos afectados por la venta de las viviendas de la EMVS. Según dice, éstos le han expresado su satisfacción por el hecho de que continúe la vía judicial contra esta iniciativa impulsada por el equipo de Gobierno municipal.
"Nadie puede pensar que un fondo buitre pueda ser Cáritas", ha espetado Lissavetzky para indicar que el objetivo de estas entidades es "intentar sacar el máximo rendimiento" a sus bienes y no cumplir funciones sociales.
Por otra parte, Lissavetzky ha criticado la política de urbanismo del PP, una de las "debilidades más notorias" de la actual alcaldesa, y que en materia de vivienda se aprecia "lo más descarnado de la política de derechas de Ana Botella".