La juez Mercedes Alaya, a quien ha correspondido una de las nuevas causas por las ayudas a cursos de formación en Andalucía, ha citado a declarar como imputado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en un auto en el que acusa a la Junta de conceder 950 millones de euros sin justificar.
Antonio Fernández, que fue consejero entre 2004 y 2010, ha acudido a recoger el auto en el que es citado a declarar el próximo 16 de octubre en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla por las ayudas de 52 millones de euros concedidos a la empresa gaditana Delphi.
El exconsejero, que ya está imputado en la causa de los ERE y permaneció en prisión cuatro meses, ha sido acusado en esta ocasión de presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
Según el auto, adelantado por la Cadena Ser, la Junta eximió de justificar 950 millones en subvenciones a la formación entre los años 2008 y 2011, de acuerdo con los datos revelados a la Guardia por el ex director general de Formación para el Empleo Carlos Cañavate.
Fernández presuntamente concedió subvenciones a la formación para Delphi con ausencia de procedimiento, permitió la subcontratación de actividades formativas y concedió becas a los trabajadores por asistencia a los cursos por encima del máximo legal establecido.
El exconsejero de Empleo, además, dictó resoluciones de exoneración de la justificación de esas subvenciones a las entidades beneficiarias en contra de la Ley de Subvenciones, lo que permitía que resultaran beneficiarias de más ayudas en el siguiente ejercicio económico.
Antonio Fernández es la primera persona imputada en esta nueva investigación judicial que en mayo pasado recibió la juez Mercedes Alaya, quien ya instruye ocho macrocausas junto con la de los ERE, los varios sumarios de Mercasevilla y la dirigida contra Manuel Ruiz de Lopera por su gestión en el Betis.