"La junta utilizó los fondos de formación para el clientelismo político", es parte de los más que contundentes autos de imputación de la Juez Alaya. Llegan después de la nueva macrooperación ordenada por la magistrada. Su decisión se salda con 16 detenidos de los que 12 ya han pasado ante la juez negándose a declarar. Todos han quedado en libertad con cargos, pendientes de fianza.
Alaya habla de una falta de control absoluta. La consejería de Empleo, dice, daba órdenes para que no se controlara el dinero destinado a la formación profesional, ceando así una verdadera red de clientelismo a prueba de elecciones.
Como prueba, una grabación de una de las implicadas, Irene Sabalete, exdelegada de empleo de la Junta."Y os quiero a todos en la calle visitando a las empresas que le hemos dado ayudas, que le hemos tramitado ayudas de prevención de riesgos laborales, que le hemos tramitado ayudas de formación..." se escucha. Se aprecia de forma clara la presión que ejerce sobre sus trabajadores. "Esto es lo que más se parece a los testigos de Jehová", añade. Sabalete ha dejado su puesto.
Además, se ha conocido conocido que la Confederación de Empresarios de Andalucía recibió 11 millones de euros de la Junta para cursos a desempleados que nunca que se han llegado a dar.
HABLA DE UNA FALTA ABSOLUTA DE CONTROL