La jueza Mercedes Alaya ha tomado esta decisión para responder a la fianza de 29 millones de euros que le impuso a Magdalena Álvarez por su presunta responsabilidad en el caso de los ERE de Andalucía. Además, ha determinado que estos bienes no son suficientes para responder a la totalidad de la fianza y ha ordenado seguir buscando otros bienes por si los hubiera.