El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, deja claro que los inmigrantes en situación irregular no accederán a la tarjeta sanitaria para evitar así el turismo sanitario.
Traslada a las Comunidades Autónomas la decisión de atender a las personas de otros países, con condiciones: deberán llevar al menos un año empadronados en el municipio y si el documento que se les expida no tendrá validez en otra región. En el consejo interterritorial también ha hablado de la vacuna de la varicela: a partir de 2016 volverá al calendario de los bebés.
Para la asociaciones de derechos humanos creen que el ministro ha faltado a su palabra. La poztavoz de Médicos del Mundo, Beatríz Sagrado, afrima que "son mecanismos que nosotros les podríamos llamar parches". Un consejo decepcionante también para muchas ONG.