Amnistía Internacional acusa a la Generalitat de "vulnerar los derechos humanos" con su "negligente" respuesta a la DANA

Amnistía Internacional ha publicado una investigación en la que señalan la "negligente" gestión de la DANA en Valencia el pasado 29 de octubre, que ha dejado 228 víctimas mortales.

En el informe realizado por el investigador Daniel Canales, titulado 'Tengo pesadillas en las que suena esa alarma', entrevistan a 17 familias víctimas de la tragedia y a cientos de vecinos de la zona. Un documento que llevarán a la Fiscalía con el que llegan a una conclusión clara: el Gobierno de Carlos Mazón "vulneró los derechos humanos" al no informar a la población de lo que iba a pasar.

En concreto, señala que, con su "respuesta negligente", vulneraron el derecho a la vida y a la integridad física de los afectados por no ofrecer información accesible y a tiempo.

Además, destaca que la falta de coordinación entre los distintos niveles de la administración los primeros días posteriores al desastre "y la falta de un enfoque basado en derechos humanos, contribuyó a una sensación de abandono".

"Esta gestión negligente constituye por tanto una violación del derecho a la información, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que la obligación del Estado de salvaguardar vidas incluye la obligación de informar adecuadamente a la población sobre cualquier emergencia potencialmente mortal", añade el informe.

"Las personas con las que hemos hablado coinciden en señalar la desprotección y el desamparo en el que se encontraron antes, durante y después de la DANA. El Estado español, en sus distintos niveles, no cumplió con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, y por lo tanto es necesaria una rendición de cuentas, mediante investigaciones exhaustivas que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas", afirma Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional.

Responsabilidad compartida

Esta organización coincide con la jueza instructora de Catarroja (Valencia) en que la gestión de la emergencia en la provincia de Valencia "era responsabilidad directa e inequívoca de la Generalitat Valenciana", dejando claro que era a ella a quien "le correspondía adoptar las medidas necesarias para alertar a la población y garantizar su protección".

Por otra parte, se advierte también que el Gobierno central "no ejerció la facultad que le reconoce la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para asumir la dirección de la emergencia".

El Ministerio de Interior, según consta en el informe, ha trasladado a la organización que solo puede ejercer esta facultad previa solicitud del gobierno autonómico, y que como esta solicitud no tuvo lugar, la Generalitat Valenciana era en todo momento responsable de la dirección de la emergencia.

Por el contrario, Amnistía Internacional considera que la ley "otorga al gobierno central la posibilidad de actuar por iniciativa propia cuando la emergencia afecta a más de una comunidad autónoma, situación que sin duda se produjo el día de la DANA".

Además, recuerda que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no asumió de forma directa la dirección de la emergencia, en aplicación de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana, "a pesar de la magnitud de la crisis, ni siquiera cuando la situación ya se había desbordado".

A juicio de Amnistía Internacional, la responsabilidad internacional del Estado con respecto a este tipo de emergencias "es unitaria, es decir, no puede eludirse alegando su diseño institucional interno o su reparto competencial".

Varios de los ayuntamientos más afectados han indicado a los autores del informe que no dispusieron de información "suficiente ni precisa sobre el desastre durante el 29 de octubre de 2024. Es decir, no solo fue tardío el envío del mensaje ES-Alert a la población, sino prácticamente inexistente el envío de información a los ayuntamientos por parte de la dirección de la emergencia".

En los días posteriores a la tragedia, "la falta de coordinación entre los distintos niveles de la administración, con una asistencia que llegó de forma desigual, dependiendo muchas veces del voluntariado o la autoorganización ciudadana, contribuyó a la sensación de abandono".

Duros testimonios de las víctimas

A lo largo del documento, la organización expone la cronología de la situación el 28 y 29 de octubre, así como los testimonios de varios afectados. Uno de ellos es el de José Manuel, un vecino de Alfafar que estuvo seis horas subido a un semáforo y perdió a su hermano mientras intentaba ayudar a una mujer. "La alarma me llegó al móvil cuando ya llevaba tiempo subido a un semáforo. Pensé que me había llegado la hora".

Marta, que utiliza un nombre ficticio, de Picanya, cuenta cómo tuvo que organizar la búsqueda de su padre, desaparecido, al no recibir ayuda institucional ni poder contactar con teléfonos de emergencia. Finalmente, encontraron el cuerpo gracias a un aviso en redes sociales. "Por la no toma de decisiones, mi padre hoy está muerto", lamenta.

Por su parte, Meri, de Catarroja, también perdió a su padre, Felipe. Ella cuenta cómo lo vieron unos vecinos, por última vez, aferrado a una valla y esperando un rescate que nunca llegó. Su cuerpo fue hallado diez días después por voluntarios.

"Es doloroso perder a un padre, pero aún más darte cuenta del sistema en el que vives", confiesa. De esta forma, denuncia que "iba al ayuntamiento, hacía llamadas y nadie le ayudaba a encontrar a su padre". Habla de una "desorganización total".

Impacto de los bulos

El informe de Amnistía Internacional analiza también las consecuencias desestabilizadoras que los bulos o noticias falsas tuvieron sobre los derechos humanos de las personas afectadas.

Según concluye, la mejor manera de prevenir las consecuencias negativas de la desinformación, difundida con intención de confundir a la población o no, es que las autoridades creen un sistema fiable y rápido de información precisa.

Así, se señalan 14 recomendaciones para las autoridades de la Comunitat Valenciana, el Gobierno central, la Fiscalía General del Estado y los municipios, que garanticen que nunca más una gestión negligente de una catástrofe ambiental viola el derecho a la vida y a la integridad física.

Entre ellas, además de que se impulsen investigaciones penales, se reclama la revisión de los sistemas de comunicación y de avisos, la adopción de un "enfoque participativo en los procesos de recuperación" y el desarrollo de "planes de formación en emergencias".