La actriz Ana Duato ha vuelto a defender su inocencia este miércoles. Lo ha hecho tirando de pilares: su confianza hacia el propietario del despacho Nummaria, Fernando Peña, y su desvinculación con la empresa que le habría ayudado a esconder parte de sus ingresos. Con el primer argumento trata de declararse inocente del presunto fraude fiscal de los tres primeros años y con el segundo de los cinco últimos que recoge la acusación.

En total, un presunto fraude fiscal de ocho años del que la acusada ha asegurado hoy que no es responsable. Defiende que es "imposible" que haya ocultado al fisco parte de los ingresos que percibió de la serie 'Cuéntame cómo pasó' porque el presupuesto, incluido su sueldo, estaba auditado por TVE y, en última instancia, por Hacienda.

Duato ha mantenido su inocencia ante el tribunal de la Audiencia Nacional que la juzga por un presunto fraude de 1,9 millones de euros entre 2010 y 2017 por el que la Fiscalía Anticorrupción pide para ella 32 años de prisión. La actriz, que solo ha accedido a contestar a su abogado, ha negado tajantemente que ocultase a Hacienda ingresos correspondientes a varios capítulos de las temporadas rodadas entre 2014 y 2017 porque es la productora, Grupo Ganga, quien adelantaba todo el presupuesto, incluido los honorarios de los actores, y después era "auditado por TVE".

Duato insiste en que confiaba plenamente en Peña

Por otro lado, ha sostenido que quien le llevó todas las declaraciones ante Hacienda fue el propietario del despacho Nummaria, Fernando Peña, que "confiaba plenamente" en él y que tenía la "tranquilidad" de que todo estaba "bien hecho" porque "el idioma de los fiscalistas es bastante complicado".

Sobre si le pareció normal que ese asesor le recomendara determinados vehículos societarios, Duato ha explicado que ella no sabía qué era lo que le ofrecían crear pero que "en aquella época confiaba plenamente" en Peña porque "tenía una reputación muy considerada, era inspector de Hacienda en excedencia". Además, ha recalcado, al igual que su marido Miguel Ángel Berbnardeau, que también ha declarado este miércoles, que la premisa del matrimonio para con Hacienda era que querían "hacer todo completamente bajo un marco de la legalidad y no tener ningún problema".

En este juicio hay una treintena de acusados por las actividades del despacho de abogados Nummaria, que se habría especializado en crear un entramado societario para evadir impuestos a través de paraísos fiscales. Justo al inicio de la vista se conoció que el coprotagonista de la serie ‘Cuéntame’, Imanol Arias, había alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por el que admitía delitos fiscales entre 2009 y 2025 por un montante total de 2,7 millones de euros a cambio de una reducción de la pena de 27 años a 23 meses de prisión y una multa, al tiempo que el Ministerio Público retiró todos los cargos contra su hermana.

Se apoya en un informe que baila las cifras

Por su parte, en el trámite de cuestiones previas, las defensas de Ana Duato y su marido pidieron anular el juicio por fraude fiscal en el que la actriz se enfrenta a una petición de 32 años de cárcel por siete delitos fiscales de 1,9 millones de euros cometidos entre los años 2009 y 2017. Duato insiste en defender su inocencia y ha rechazado llegar a cualquier acuerdo con la Fiscalía.

Así, su Defensa ha intentado quitarse parte de la acusación utilizando un informe de la Agencia Tributaria donde los funcionarios del fisco relatan las cantidades que le quedarían por devolver a las arcas públicas a la acusada. Estas cantidades, anuales, estarían por debajo de los 120.000 euros, y por lo tanto por debajo de la línea que fija la ley para acusar a un contribuyente de delito fiscal. Esto supondría tirar una parte de la acusación, en palabras de Enrique Molina, abogado de Duato.

Por su parte, a fiscalía y la Abogacía del Estado rechazan el argumento señalando que las cantidades previas a que se iniciara la acusación estaban por encima de esos 120.000 euros anuales durante esos años, y que Duato utilizó una empresa para devolver parte de la deuda. Por otro lado, señalan que el documento fue escrito por funcionarios de la Agencia Tributaria, sin conocimiento previo del caso, y después del iniciar la instrucción. En ningún caso tiene un carácter exculpatorio ni judicial por sí solo, añaden.