El informe toxicológico de Juan Andrés Benítez, el empresario que murió tras ser reducido por los Mossos d'Esquadra en el barrio barcelonés del Raval, descarta que la víctima se encontrara bajo los efectos de la cocaína o el alcohol cuando falleció. El informe toxicológico concluye que el empresario presentaba menos de 0,01 miligramos de cocaína por litro en la sangre y en el humor vítreo, cuando los efectos tóxicos de esa droga se aprecian en concentraciones de entre 0,25 a 5 miligramos por litro.
La juez que investiga la muerte del empresario Juan Andrés Benítez ha citado a declarar como imputados a los ocho agentes que participaron en la detención. Será la primera ocasión en que los agentes, entre los que se encuentran dos sargentos, podrán explicar su actuación, captada por varios vecinos con sus teléfonos móviles, en la que se aprecia cómo le reducen propinándole patadas y, al menos, cinco puñetazos.
El empresario se desvaneció tras la actuación policial y murió pocas horas después en el hospital.
Los agentes también tendrán que explicar ante la titular del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona si es cierto que visitaron a algunos vecinos para instarles a borrar las imágenes que habían captado, como ha declarado algún testigo, y si también vertieron agua para hacer desaparecer la mancha de sangre que el detenido dejó en el lugar del arresto.
Los ocho mossos d'esquadra, a los que el Departamento de Interior ha apartado de sus funciones, cuentan con el respaldo jurídico de la consellería, aunque al menos cuatro de ellos han rechazado esa opción y se han buscado un letrado particular. Según fuentes judiciales, pese a estar suspendidos de empleo, aunque cobrando los aproximadamente 700 euros de su sueldo base, el Departamento de Interior sigue facilitando asesoría jurídica a los agentes imputados, un derecho que no siempre se ha mantenido a los policías encausados por delitos relacionados con el ejercicio de su profesión.
La juez del caso imputó a los ocho agentes al entender que se extralimitaron en las maniobras para reducirle, ya que supuestamente le dieron golpes, puñetazos y patadas y luego intentaron destruir pruebas. Por ello, La titular del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona imputa a los agentes los delitos contra la integridad moral, contra la vida, por obstrucción a la justicia y por coacciones.
Probablemente, los agentes también podrán visionaren sede judicial las numerosas imágenes filmadas con teléfonos móviles por los vecinos, sobre las cuales podrán explicar sus acciones a la juez, en presencia del fiscal y de los abogados de las acusaciones.