El objetivo: mayor equilibrio
Análisis del pacto sobre la reubicación de menores migrantes: ¿realmente hay un desequilibrio tan grande como se quiere mostrar?
¿Cómo funciona? El acuerdo busca ajustar las proporciones entre comunidades, teniendo en cuenta factores como la población, la renta per cápita y la capacidad de acogida, pero el verdadero desafío está en cómo se implementa.
El acuerdo entre el Gobierno de España y Junts para la reubicación de menores migrantes ha provocado una avalancha de reacciones, especialmente en Cataluña. Tras el pacto, Madrid debería recibir 806 menores adicionales, mientras que Cataluña solo acogería 27. La reacción inicial ha sido rápida y polarizada, con muchos acusando a Cataluña de ser "egoísta" al no asumir más de la carga.
Pero esta interpretación simplista podría estar perdiendo de vista un aspecto crucial de los números. A pesar de la diferencia abrumadora en las cifras absolutas, los datos oficiales revelan un panorama mucho más complejo. Según las cifras más recientes, en julio de 2024, en Madrid había un menor migrante por cada 5.700 habitantes, mientras que en Cataluña la cifra era de uno por cada 3.427 habitantes.
De acuerdo con estos datos, Madrid tiene una proporción significativamente más baja de menores migrantes en comparación con Cataluña. Esto parece indicar que, en términos relativos, Madrid no está soportando la misma carga que otras comunidades autónomas, particularmente Cataluña.
Lo que sucede tras el acuerdo es que se busca equilibrar esa distribución. Si el pacto se lleva a cabo, Madrid pasaría de tener un menor por cada 5.700 habitantes a uno por cada 3.484, lo que reduce la brecha, mientras que en Cataluña la cifra mejoraría levemente, bajando a uno por cada 3.388. Este ajuste en las ratios haría que la presión sobre ambas comunidades autónomas se equilibrara más, y podría aliviar algo de la sobrecarga que experimenta Cataluña actualmente.
Sin embargo, hay un elemento clave que no se debe pasar por alto: la renta per cápita y la capacidad económica de cada comunidad autónoma, un factor que influye directamente en la capacidad de cada región para gestionar esta reubicación de menores. En este sentido, comunidades como Madrid, con mayores recursos económicos, tendrían más facilidad para asumir una mayor carga en comparación con otras regiones.
Aunque el objetivo teórico del plan es lograr un equilibrio en la distribución de menores migrantes, el contexto político en el que se presenta esta medida añade complejidad. El marco de los acuerdos no solo tiene que ver con la gestión de los menores migrantes, sino también con el discurso político que se genera a su alrededor.
El pacto entre el Gobierno y Junts, en particular, está siendo interpretado dentro de un marco ideológico que pone el foco en los menores migrantes como un "problema". Este enfoque no solo dinamita cualquier posibilidad de consenso en torno a la gestión humanitaria, sino que también alimenta discursos de odio que ya están siendo aprovechados por partidos como Vox y otros sectores de la extrema derecha.
A través de la firma de acuerdos como el de Mazón con Vox, se refuerza la idea de que los menores migrantes, especialmente aquellos que llegan sin sus padres, son una carga para el sistema.