La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado penas de entre dos y 19 años de prisión para los 14 miembros de la cúpula de Afinsa procesados por la estafa de la filatélica, con la que crearon un agujero cercano a los 2.000 millones que afectó a casi 200.000 ahorradores. 

Los fiscales Alejandro Luzón y Juan Pavía piden 19 años para el expresidente Juan Antonio Cano; 16 para el exconsejero Carlos de Figuereido; 15 para los ejecutivos y exmiembros del Consejo Albertino de Figuereido y Vicente Martín y 13 para Emilio Ballester por estafa, insolvencia punible y falseamiento de cuentas anuales. 

Además, consideran autor de los dos primeros al exconsejero Joaquín José Abajo, para quien solicitan 11 años de cárcel y que indemnice conjunta y solidariamente junto a los anteriores con 2.574 millones a los 190.022 afectados por la estafa, a lo que habrá que restar lo que ya hayan hecho efectivo en el procedimiento concursal. Mientras, señalan como cómplices de estafa a Francisco Guijarro, para el que piden ocho años también por blanqueo y fraude a la Hacienda Pública; a Gregory Manning, que se enfrentará a cinco años de prisión; Esteban Pérez y Ramón de Egurbide, a cuatro, y Ramón Soler, a tres. 

Por último, reclaman dos años y medio para Juan y Jordi Domingo por un delito contra la Hacienda Pública, y dos para Francisco Blázquez por falseamiento de cuentas anuales. Afinsa desarrolló entre 1998 y el 9 de mayo de 2006, cuando fue intervenida por orden de la Audiencia Nacional, un negocio de captación de ahorro masivo de "apariencia lícita" mediante el que ofrecían contratos de inversión en sellos con el atractivo de unas elevadas rentabilidades, explican. 

Sin embargo, los sellos que debían soportar el importe de la inversión tenían "un valor ínfimo" en relación con las cantidades entregadas por los clientes y las rentabilidades satisfechas no se correspondían con la revalorización de la filatelia, sino con las aportaciones de nuevos inversores. Una "suerte de negocio piramidal" en la que se mantenía la actividad a costa de incrementar progresivamente la situación de insolvencia de la compañía, según la Fiscalía a lo largo de los 133 folios de su escrito de acusación. 

Así, la "única" viabilidad del negocio consistía en "reproducir ad infinitum esa misma práctica defraudatoria" con nuevos clientes, de forma que sus aportaciones pudieran ser utilizadas para pagar las desinversiones y rentabilidades de los anteriores, a quienes se les hacía creer que las cantidades que se les abonaban procedían de la revalorización de los sellos.