En un escrito elevado al Juzgado, el Ministerio Público asegura que los hechos investigados en torno a las ayudas a estas sociedades podrían ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y fraude.
Por ello, la Fiscalía solicita a la instructora que forme una pieza separada con los pagos realizados por la Junta en los expedientes de Graficromo --incluida la asociación de extrabajadores-- y Taller de Libros e impute a un total de 25 personas, entre las cuales hay varias ya imputadas en la causa.
Así, Anticorrupción ha solicitado la imputación en esta pieza separada del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, de los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, o del exdirector de la agencia IDEA Jacinto Cañete.