En el informe aportado al juez, el fiscal José Grinda pide también al juez que archive la causa contra la hija del exministro Eduardo Zaplana, María Zaplana, así como contra Sonia Soms, mujer de Oleguer Pujol, y Antonio Morenés.
Respecto del resto de imputados en la causa, el fiscal aboga por que su condición procesal se decida cuando se analice la documentación incautada y se esté a las conclusiones de un informe encargado a Hacienda.
Ocho meses después de que fueran detenidos por estos hechos, el fiscal pide ahora que se les cite después de que se haya analizado documentación obtenida en el registro de sus domicilios y aportado a la causa varios informes de Hacienda y de la Policía.
Dos de ellos de la Agencia Tributaria, se refieren a Pujol, a Iglesias y Drago Capital S.L., la sociedad vinculada a ambos, y en ellos, dice el fiscal, "de una manera más o menos extensa, se pone en comunicación del juzgado que existen elementos de defraudación tributaria que tiene relevancia criminal".
Añade que en otro escrito del 26 de marzo, la delegada especial de la Agencia Tributaria de Madrid asegura que del expediente administrativo de comprobación inspectora relativa a Iglesias "se desprende la posible existencia de cuotas impositivas defraudadas en su impuesto sobre la renta de las personas físicas por importe superior a 120.000 euros", lo que constituiría delito fiscal.
El fiscal también menciona otro informe de Hacienda sobre Drago Capital, una empresa que estaría en el "entramado societario domiciliado fiscalmente en Madrid controlado por Oleguer Pujol y Luis Iglesias" en la que se confirma, según la Agencia Tributaria, "la existencia de posibles ilícitos penales, fiscales y de otra índole".
Por último, el fiscal indica que "la Delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña remitió el informe del 1 de abril de 2015 en el que se afirma también que 'el señor Oleguer Pujol ha podido incurrir en un presunto delito contra la Hacienda Pública'".