El más perjudicado es José Antonio Griñán con dos delitos continuados, uno de malversación y otro de prevaricación. La Fiscalía pide seis años de cárcel, 30 de inhabilitación para cargo público y reintegrar 483 millones de euros. Su antecesor, Manuel Chaves, se libra de la petición de cárcel. Pero anticorrupción solicita diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Que Griñán se enfrente a penas de prisión y Chaves no, tiene su explicación. Griñán, además de presidente fue consejero de Economía, con responsabilidad más directa sobre los fondos investigados, por lo que la Fiscalía le suma el delito de malversación.
Y eso a pesar de que el Supremo en 2015 no veía indicios de esa malversación porque no había pruebas de que Griñán participara en la concesión de ayudas fraudulentas. En su escrito de acusación de la macrocausa de los ERE, la Fiscalía les acusa a los dos de no frenar las irregularidades con los ERE pese a la advertencia de la intervención.
"No fijando límites a la cantidad a percibir por los beneficiarios, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista", reza el escrito de acusación.
Sorprendido se ha quedado el PSOE andaluz por la fecha elegida, pues la Fiscalía tenía de plazo hasta el 15 de octubre. Los socialistas han salido a respaldar a sus expresidentes. El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, se muestra "convencido" de que los dos quedarán "exonerados de su responsabilidad penal".
Por su parte, César Luena, secretario de Organización del PSOE, recuerda que "dimitieron del partido y dejaron sus escaños", por tanto, en boca de Luena, confían en su inocencia. No tienen duda de que saldrán absueltos del juicio que comienza en 2017.
Pablo Casado, del PP, se ha mostrado muy crítico con el PSOE y ha asegurado que no pueden "admitir ningún tipo de lección de aquellos que han protagonizado el mayor caso de corrupción de la historia moderna de España". Por su parte, Albert Rivera, ha hecho referencia a los insultos que recibieron de José Manuel Chaves, que les acusó de "chantajistas".
En total, la Fiscalía acusa a 26 políticos y técnicos del Gobierno andaluz. Entre ellos, los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez.
