El exministro español anunció el pasado 16 de septiembre que había vendido las acciones en dos compañías petroleras para aclarar cualquier duda sobre sus incompatibilidades con el cargo. La semana pasada, Arias Cañete obtuvo la luz verde de los servicios jurídicos del PE sobre su declaración de intereses económicos, al igual que todos los demás aspirantes a formar parte del nuevo Ejecutivo comunitario que previsiblemente entrará en funciones el próximo primero de noviembre.
El candidato español afirmó que "no tiene un conflicto de intereses", dado que estas empresas son de un tamaño reducido y solo se dedican al almacenamiento de los combustibles, pero que decidió que vendería las acciones por "transparencia" y para despejar "cualquier duda". "En este sentido, he ido más allá de lo que exige la normativa vigente", subrayó, al tiempo que reiteró que ni él, ni su mujer ni sus hijos mantienen vínculos con estas empresas.
La eurodiputada de Podemos Teresa Rodríguez-Rubio consideró que el candidato español se había "desprendido apresuradamente" de las acciones, al tiempo que expresó su rechazó hacia las políticas de energías renovables impulsadas por las autoridades españolas. Arias Cañete replicó que no se deshizo de las acciones "apresuradamente", sino en el momento en que el presidente electo de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, le propuso ocupar la cartera de Acción Climática y Energía.
Por otra parte, Arias Cañete dijo querer "aclarar informaciones que han circulado estos últimos días" y destacó que no ha modificado su declaración de intereses como comisario, en la que "todas mis actividades, tanto profesionales, como políticas están claramente reflejadas". El político español indicó que lo que ha modificado es su declaración de intereses como eurodiputado, para reflejar la venta de las citadas acciones, su dimisión como patrono de la fundación FAES y sus responsabilidades como presidente del Comité Electoral del Partido Popular (PP), cargo que dejó en 2011.
Al inicio de la audiencia, la eurodiputada socialista belga Kathleen Van Brempt, lamentó los cambios introducidos en la declaración de intereses al considerar que "genera confusión", y pidió que la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara los evalúe antes de que los eurodiputados den su veredicto sobre la candidatura.