La Sección Séptima de la Audiencia dice que la Junta no puede recurrir la imputación de esas personas, sino que deben hacerlo "los verdaderos destinatarios de la resolución judicial impugnada".
La Junta "se está anticipando" a un eventual recurso de los afectados en el caso de que entiendan que han sido vulnerados sus derechos fundamentales, "para lo que en verdad carece de legitimación por no ser la titular de los derechos que pudieran estimarse afectados", según la Audiencia.
Los jueces lamentan la "confusión de planos procesales" pues solo cuatro personas del centenar de imputados por los ERE se adhirieron al recurso de la Junta, "y dos de ellos, a mayor abundamiento, ni siquiera afectados por el auto apelado".
La Junta de Andalucía recurrió el auto del pasado 28 de junio por el que la juez instructora, Mercedes Alaya, imputó a la exministra Magdalena Álvarez y a otros 19 altos cargos o exaltos cargos de la Junta, para lo que -según el auto- se dotó a sí misma de una "posición de garante del proceso".
La Audiencia responde que tal posición solo corresponde al Ministerio Fiscal, "quien, por cierto, solicita la confirmación del auto", y la Junta "interviene como acusación particular" y "no puede arrogarse potestades o facultades en el seno del proceso penal que no le corresponden".
Por ello, el auto reprocha la "innecesariedad de la actuación de la Junta de Andalucía" que, pese a ser parte acusadora, "con la interposición de este recurso -lo que decimos con todos los respetos, pero hemos de afirmarlo- viene materialmente a realizar labores propias de una defensa".
En todo caso, su actuación tendría un "encaje más razonable desde un punto de vista procesal en el apoyo al recurso de un imputado, y no en la formulación de un recurso propio contra la decisión del instructor".
La juez Alaya decidió en junio incorporar al centenar de "intrusos", mediadores y empresarios imputados por los ERE a veinte altos cargos o exaltos cargos de la Junta, entre ellos el que entonces era viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, por su papel como director general de Presupuestos.
También fueron señalados José Salgueiro, viceconsejero de Economía y Hacienda; el sucesor de Lozano, Buenaventura Aguilera; el exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa y los secretarios generales técnicos de Empleo entre los años 2000 y 2012.