"Se tendrá que analizar caso por caso". Es la respuesta a la pregunta inevitable tras la sentencia de Estrasburgo: ¿Qué pasa con el resto de terroristas que pueden verse beneficiados? La decisión está en manos de la Audiencia Nacional, y en ningún caso sería una excarcelación generalizada. Según la Fiscalía, no altererán el ritmo del proceso: "Ni vamos a ralentizar ni vamos a acelerar nada", ha afirmado Eduardo Torres Dulce.
Son unos 60 los presos de ETA los que podrían pedir la revisión de su caso. Tienen en común que han cumplido su condena, aunque siguen en prisión por la doctrina Parot. Pero a la hora de decidir su posible excarcelación, cada uno se mirararía de forma individual: "No puede haber una respuesta generalizada, se tendrá que examinar caso por caso", en palabras de Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial.
Ese es el proceso a seguir, que ha centrado las peticiones de los grupos políticos, cada uno a su manera. Rosa Díez he pedido "que no se aplique esta resolución a nadie más que a Inés del Río". Desde Amaiur, piden que "el Gobierno no dificulte la excarcelación de los presos afectados".
La situación de estos presos no se decidiría en Estrasburgo como la de Del Río, quien recurrió en su caso la aplicación de Parot. Ahora los que se crean afectados dependerán de la Audiencia Nacional. Y este viernes puede ser clave. Porque ellos son los dos primeros que se revisan después de la sentencia. Josefa Mercedes Ernaga, condenada por la matanza de Hipercor, que lleva 26 años en la cárcel, y Juan Manuel Piriz, en prisión desde hace 21 años por asesinato. Su desenlace prodría indicar cómo aplicará el fallo de Estrasburgo.