El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de Vox contra la LOMLOE y avalado así la conocida como 'Ley Celaá'. Así lo ha informado este martes el propio tribunal, cuyo pleno -con la abstención del exministro Juan Carlos Campo- ha desestimado íntegramente el recurso de inconstitucionalidad presentado por la extrema derecha.

En su sentencia, la corte de garantías avala la enseñanza del castellano en comunidades con lengua propia que fija la Ley Celaá al defender que la Carta Magna no establece "la necesaria fijación por el Estado de una proporción de uso del castellano en el sistema educativo" sino "un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas".

El Pleno del tribunal ha aprobado la sentencia que avala íntegramente la ley impulsada por la exministra socialista Isabel Celaá, que le da nombre, y uno de los proyectos estrella del Gobierno, después de que el ponente, Ricardo Enríquez, elaborase una nueva ponencia, conforme al criterio de la mayoría, que desestimase el recurso de Vox.

Entre los puntos más polémicos de la norma se incluía el hecho de que el castellano deja de ser lengua vehicular en la enseñanza, que en el plazo de 10 años los centros ordinarios tengan los medios para escolarizar al alumnado de los centros de Educación Especial o la prohibición de que los centros privados reciban fondos públicos si separan por sexo.

La cuestión del castellano en la enseñanza

En cuanto al castellano, la sentencia explica que la LOMLOE es conforme con el artículo 3 de la Constitución, que garantiza el derecho a usar el castellano y la cooficialidad de las lenguas autonómicas, y también con la responsabilidad del Estado de velar por el respeto de los derechos lingüísticos de los alumnos.

Considera el tribunal que "de la Constitución no deriva la necesaria fijación por el Estado de una proporción de uso del castellano en el sistema educativo" sino "un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas" y un derecho efectivo a usarlas, que esta ley no niega.

Segregación por género y educación especial

Respecto a la prohibición de que los colegios privados reciban fondos públicos si segregan a los alumnos por sexo, la sentencia dice que de la Constitución deriva "un modelo educativo pluralista", pero no que "todos los modelos educativos hayan de recibir ayudas", ni "un derecho subjetivo a la prestación pública".

Para el tribunal, este precepto no solo no es inconstitucional, sino todo lo contrario: "La diferencia de trato entre los centros educativos que separen al alumnado por razón de su género, a efectos de poder ser financiados total o parcialmente por fondos públicos, responde a una concepción ideológica del sistema educativo que, no solo no puede ser tachada de arbitraria, sino que, además, está inspirada en valores constitucionales", argumenta.

Sobre la educación especial, dicen los magistrados que el artículo que ordena atender a "la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo no excluye (…) para caso de discrepancias (…) la audiencia de las familias que muestren su preferencia por la educación especial, ni atribuye mayor valor a la opinión de determinadas familias sobre otras".

La sentencia considera igualmente conforme con la Constitución la ausencia de mención a la religión como asignatura en el currículo educativo, así como la denuncia de Vox de que la ley incorpora la "ideología de género" como "ideología estatal en la que forzosamente pretende adoctrinar a los alumnos".

En cuanto a esto último, el tribunal recuerda que la educación "no es mera transmisión de conocimientos, es también formación humana", y que según la jurisprudencia europea "el respeto a las creencias religiosas o morales" no impide cualquier transmisión de valores sino que esta se efectúe "de manera objetiva, crítica y pluralista". Ello, añade, sin que haya nada en los preceptos de la Ley que haga pensar que la "educación para la salud, incluida la afectivo-sexual" se pueda proporcionar en un sentido diferente.

Votos particulares

No obstante, han anunciado su voto particular los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel, que defienden la inconstitucionalidad de determinados aspectos de la ley. Entre ellos, el relativo a la educación especial, al advertir de que la ley desvaloriza el único criterio a tener en cuenta en estos casos que es el de detectar e imponer la defensa del interés superior del menor, sin importar la voluntad de sus padres o la necesidad de atención muy especializada.

Además, creen que la prohibición de las ayudas públicas a los colegios que separan por sexos ataca el pluralismo educativo simplemente porque al legislador no le parece conveniente para este modelo, lo que quebranta el derecho de las minorías.