El inicio de Banca Catalana quedó remarcado como uno de los símbolos del sueño independentista de Cataluña: dar a la Comunidad una banca propia y autónoma. En 1981 era el décimo grupo bancario español y el primer grupo bancario catalán con unos depósitos de 262.226 millones de pesetas, una red de 352 oficinas y 5.226 empleados.
Sin embargo, el proyecto llevado a cabo por Florenci Pujol Brugat y su hijo Jordi desde 1959, y habiendo perdido casi 20 veces su capital por mala gestión, acabo siendo intervenido en 1982 por el Banco de España. Dos años más tarde, el expresidente de la Generalitat se vería implicado, junto a 18 exconsejeros, en una trama de corrupción investigada por la Fiscalía.
La acusación indicaba que Banca Catalana repartió 515 millones de pesetas a sus accionistas entre 1974 y 1976. Según la Fiscalía, en ese momento el banco tenía casi el doble de pérdidas: 1.076 millones de pesetas, en su mayor parte ocultas en una caja B por la cual pagaba sobresueldos y operaciones inmobiliarias.
La imputación de Pujol obligó al expresidente de la Generalitat a llevar la polémica al plano político, calificando la querella impuesta por la Fiscalía como un ataque indigno del Gobierno y desvió la atención del caso ejerciendo un rol activo en la presidencia de la Generalitat a favor de la independencia de Cataluña.
Margarita Robles, una de las magistradas de la Audiencia Territorial de Barcelona y hasta el pasado diciembre vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fue la encargada de juzgar el caso de la Banca, y ya consideraba que pujol era culpable.
Sin embargo, en noviembre de 1986, el pleno de la Audiencia de Barcelona rechazó el procesamiento al estimar que no había indicios racionales de criminalidad en la actuación de Pujol.
33 magistrados votaron en contra de procesar a Pujol, mientras 8 se pronunciaron a favor. Entre ellos, los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y Jose María Mena, que fueron ferozmente criticados por la detalladísima querella que presentaron respecto a las actuaciones desarrolladas en Banca Catalana.
Aunque la instrucción del caso continuó para el resto de acusados, en marzo de 1990 la misma Audiencia decretó el sobreseimiento definitivo.
Ahora, con la confesión de Jordi Pujol, Robles ha remitido un correo a la asociación progresista Jueces para la Democracia para reivindicar la opción de los ocho magistrados que, afrontando todo tipo de críticas, se opusieron en su día al archivo de la causa por el caso Banca catalana.
Asimismo, la magistrada pide ahora que el error que cometió la Justicia hace 30 años no vuelva a repetirse.