Este lunes arranca el juicio de uno de los casos que más dolores de cabeza ha dado -y sigue- al Partido Popular: el de la caja B de la formación y, en concreto, el pago de las obras de la sede de Génova 13 a cargo de esta contabilidad paralela, sufragada por empresarios a cambio de contratos públicos, como concluyó el Tribunal Supremo.

Las vistas comienzan hoy con las cuestiones previas y empiezan a dar carpetazo a un asunto que ha estado en la palestra política desde que en enero de 2013 'El Mundo' y 'El País' destaparan los sobresueldos y los conocidos 'Papeles de Bárcenas'. El juicio arranca con novedades, después de que Bárcenas enviara un escrito a la Fiscalía Anticorrupción donde reconoce la financiación ilegal del partido desde los tiempos de Alianza Popular y que el expresidente Mariano Rajoy era plenamente consciente de este hecho, en una versión que similar a la inicial del extesorero en 2013.

El entonces juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, abrió las investigaciones para investigar un presunto delito de cohecho (pagos a funcionarios públicos a cambio de concesiones)... pero tuvo que archivar el caso por falta de pruebas. Todo ello a pesar de que citó a declarar a los exsecretarios generales del PP de las etapas investigadas: Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal.

Delito fiscal en la reforma de la sede

Solo quedó una minúscula parte del caso abierto por Ruz que sí pudo demostrar: lo referente a las reformas de la sede del PP. Además, en el auto de archivo, Ruz concluyó la existencia de una caja B, al menos entre 1990 y 2009, un duro golpe en lo político a la formación conservadora, que después fue confirmado por el Supremo en 2018. El PP, sin embargo, no pudo ser imputado porque el Código Penal de entonces no contemplaba la imputación de un partido en una causa. Tampoco quedó claro que las donaciones fueran finalistas para conseguir contratos públicos.

La instrucción se centró en los extesoreros Álvaro Lapuerta -fallecido- y Luis Bárcenas, así como en el exgerente del partido, Cristóbal Páez -positivo en COVID-19 y ausencia confirmada en la primera sesión, lo que retrasará las testificales-; y los socios del estudio de arquitectura Unifica, que diseñó la reforma: los socios, Gonzalo Urquijo y Belén García; y la empleada de la empresa, Laura Montero. Según el escrito, en 2006 habrían destinado 600.000 euros para el pago de estas obras, 900.000 en 2008. Este es el único año no prescrito y por el que serán juzgados los cinco acusados.

Sin embargo, el asunto dio un vuelco gracias al juicio de la Trama Gürtel, donde se condenó a Bárcenas a 29 años de prisión y también al PP como responsable civil a título lucrativo. La sentencia sacó a Mariano Rajoy de La Moncloa, pero uno de los líderes de la trama, Francisco Correa, aseguró durante el juicio que gestionó concesiones públicas en nombre del PP a cambio de donaciones que recibían de las empresas investigadas, y que por estas se recibían comisiones que entregaba "a Bárcenas, a Génova o a su casa", un 2% o un 3% de 'mordida'.

Reapertura del caso

El juez José de la Mata, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 en sustitución de Ruz, decidió reabrir la investigación en 2017 después de escuchar estas afirmaciones, citando a Correa y también a Ricardo Costa, de la Gürtel valenciana, que aseveró que dichas donaciones existían. Asimismo, De la Mata contaba con grabaciones de un empresario, Rafael Palencia, que aparece en los 'papeles de Bárcenas' y que relató la entrega de grandes cantidades de dinero.

Pero esta segunda pieza de la caja B investiga, en concreto, el delito de cohecho y si el PP lo cometió a sabiendas. Las últimas afirmaciones de Bárcenas, de confirmarse, pondrían el focoen el Gobierno de José María Aznar y los ministerios que adjudicaron contratos públicos a cambio de esas presuntas 'mordidas'.

La instrucción de esta segunda pieza -no la que se juzga- sigue abierta. Sin embargo, el juez De la Mata ha sido sustituido por el magistrado Santiago Pedraz, ya que ha sido nombrado juez de enlace en La Haya. Según la última ampliación de los plazos de investigación, el 29 de julio de este año debería completarse la causa para enviarla a juicio.

Otra causa abierta en la que la colaboración de Bárcenas resultará fundamental es la que investiga la financiación irregular del PP madrileño durante la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la formación, reunido las pesquisas de Púnica y Lezo.

Rajoy, Aznar y Cospedal, testigos en el juicio

En el juicio que inicia hoy, aparte de escuchar de viva voz los argumentos de Bárcenas y si es posible defender con pruebas las acusaciones remitidas a la Fiscalía Anticorrupción a menos de una semana del inicio de las sesiones. Se espera que dure hasta mayo y, hasta entonces, pasarán por el estrado en calidad de testigos Rajoy, Aznar, los exsecretarios generales Ángel Acebes, María Dolores de Cospedal y Francisco Álvarez-Cascos o el exvicepresidente Rodrigo Rato.

El PP, como persona jurídica, también será juzgado con la condición de responsable civil, razón por la cual en mayo de 2016 el juez De la Mata le impuso una fianza de 1,2 millones de euros con la amenaza de embargar la sede si no depositaba esa cantidad.

La encrucijada de Casado

El PP de Pablo Casado ha intentado aplicar un cordón sanitario alrededor de la anterior dirección, la de Mariano Rajoy, para evitar verse salpicados por los casos del PP. Desde la dirección insisten en que todo lo relativo a esta causa y los papeles de Bárcenas son cuestiones "del pasado" y que"ese PP ya no existe".

Sin embargo, para Casado resultará difícil desvincularse de todos los implicados: medró en el PP de Aguirre, fue jefe de gabinete de Aznar y portavoz y vicesecretario de la última dirección del partido. Sus últimos referentes están implicados, como Rajoy o Cospedal. Esta última fue clave para que el actual presidente ganara el Congreso del PP, cediéndole sus delegados para que la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no accediera al cargo.

En el partido defienden la "honestidad" de Rajoy y se muestran "muy tranquilos" ante las nuevas revelaciones de Bárcenas, de las que acusan a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, por su condición de exministra socialista.

Cabe ver cómo afectarán a sus resultados en Cataluña, ya que los papeles de Bárcenas han entrado de lleno en la campaña, con Vox acechando y con los detractores de Casado deseando un posible recambio.

Bárcenas 'calienta' la previa del juicio

Este sábado, 'El Mundo' publicó una entrevista con el extesorero del PP en la que afirma que negoció con dos personas vinculadas a su expartido para "enterrar el hacha de guerra", acusándoles de "no haber cumplido".

También habla de la "traición" su chófer, algo que "nunca" imaginó que sucedería. "Siempre pensé que hacía bien su trabajo y velaba por mis intereses", confiesa.

Además, desvela una oferta que recibió en Soto del Real del abogado Ignacio Peláez, que le ofreció pruebas para anular el caso Gürtel y quedar en libertad. Esas pruebas tenían un precio: 10 millones de euros.

"La oferta consistía en que, a cambio de 10 millones de euros, estas personas que conocían todo lo que se había hecho irregularmente en la instrucción de Gürtel estaban dispuestas a facilitar los datos y pruebas que permitirían declarar nulo judicialmente el caso Gürtel", explica.

Como respuesta a estas declaraciones, el Partido Popular respondió este domingo que "nunca" han "hablado con delincuentes".

El principal partido de la oposición asegura que el PP que describe el extesorero "no existe" y que actuará contra los militantes que demuestren conductas irregulares, "sea quien sea".