Inés Arrimadas se plantó frente a la casa de Puigdemont en Bélgica, donde dijo que quería ser la voz de los que están silenciados. "No vamos a permitir que hable en nombre de todos los catalanes un señor fugado por la justicia", manifestaba en Waterloo.
Sin embargo, ese acto puede tener un coste económico para el partido naranja después de que la policía belga les haya abierto varios procedimientos administrativos, al considerar que infringieron las normas de esa localidad.
El primer procedimiento se debe a una "manifestación no autorizada en la vía pública", que dificultó la circulación de los vehículos y molestó a los vecinos.
Otros dos procedimientos responden al estruendo provocado por los generadores eléctricos instalados para el mitin, que "produjeron un ruido que enturbió la tranquilidad de los habitantes de la zona" y los cinco restantes responden a los vehículos mal estacionados, según un comunicado de la policía.
De lo que no hablan las autoridades es de una sanción económica, desmintiendo la multa de 7.000 euros de la que se habla en redes sociales y afirmando que no se prevé ninguna sanción por un importe de esa cuantía.