Bruselas vuelve a urgir a España a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueado desde hace más de cuatro años, y a separar los mandatos de la Fiscalía General del Estado y el Gobierno. Dos asuntos en los que la Comisión Europea no ve ningún progreso tras realizar idénticas recomendaciones el año pasado.

Así lo recoge el informe del Estado de derecho en la Unión Europea en 2023, cuyo capítulo dedicado a España analiza los progresos del sistema judicial español en el curso que ahora culmina y emite seis nuevas recomendaciones para abordar sus deficiencias más acuciantes, como la renovación del CGPJ y el refuerzo de la Fiscalía General del Estado.

En este sentido, Bruselas recomienda que España "proceda con la renovación del Consejo General del Poder Judicial "como un asunto prioritario" e, inmediatamente tras la renovación, comience con el proceso para adecuar el nombramiento de sus jueces miembros, "teniendo en cuenta los estándares europeos".

Es el cuarto año consecutivo que la Comisión Europea alerta a España sobre este asunto en su informe anual del Estado de derecho y el propio comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ya había urgido en dos viajes a Madrid a que la renovación se culminase antes de que España asumiese la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, que nuestro país asumió el pasado fin de semana y ostentará hasta final de año.

Los retrasos en la renovación, abunda el informe, "afectan negativamente" a la labor del Tribunal Supremo y al sistema judicial en su conjunto, con hasta un 30% de puestos vacantes en el Supremo debido a las competencias más limitadas de un CGPJ en funciones y 1.230 decisiones menos al año en las dos salas del Supremo donde hay más ausencias, la tercera y la cuarta.

"La situación ha sido descrita por el Tribunal Supremo como insostenible, ya que socava la eficiencia de la justicia y tiene un impacto negativo en la duración de los procedimientos ante el Tribunal Supremo", señala el informe.

Refuerzo de la Fiscalía General del Estado

Bruselas tampoco percibe ningún progreso en el refuerzo del estatuto de la Fiscalía General del Estado, especialmente de cara a desvincular su mandato y el del Gobierno, ni en "los retos asociados a la duración de las investigaciones" para aumentar "la eficiencia en la gestión de casos de corrupción de alto nivel".

"No se han tomado medidas para abordar la separación de mandatos del Fiscal General del Estado y del Gobierno (...). En su informe de diciembre de 2022, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa también señala que no se han tomado medidas para aumentar la autonomía presupuestaria, normativa y formativa de la Fiscalía", recalca la Comisión Europea.

El informe sí reconoce "algo de progreso" en la mejora del acceso a la información mediante la propuesta de reforma de la Ley de Secretos Oficiales -de la que llegó a haber proyecto de ley pero que previsiblemente quedará en un cajón por las elecciones generales- y el "progreso significativo" en los esfuerzos para legislar sobre los grupos de presión, incluyendo unregistro obligatorio de 'lobbies'.

En el análisis de las recomendaciones de 2022, Bruselas apunta a que el mayor progreso se ha dado en asegurar recursos suficientes para la autoridad nacional que regula los medios audiovisuales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Aunque el informe también hace referencia a la reforma del Código Penal español y la rebaja de penas por malversación, no valora los cambios introducidos y solo apunta a que "ha sido criticada por la sociedad civil".