El Gobierno de España y la Comisión Europea han finalizado las negociaciones para la aprobación de las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (OA, en sus siglas en inglés). En estos encuentros se habrían negociado las exigencias de Europa a España para percibir los fondos de recuperación.

Uno de estos requisitos indispensables sería aumentar el periodo que se emplea para el cálculo de las pensiones. Una medida que debería estar aprobada antes del cuarto trimestre de 2022 para que España percibiera los Fondos Europeos, de 70.000 millones de euros, según ha podido saber laSexta. La Unión Europea pretende que se calcule el montante de la pensión en función de los últimos 30 años laborales. Actualmente se sitúa en 25 años y el pacto es aumentarlo año a año.

Otros de los requisitos en relación a este ámbito, según el documento, serían mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones, ajustar la edad legal a la edad real de jubilación y el cambio del factor de sostenibilidad por el factor intergeneracional.

A partir de ahora, el Gobierno central y la Unión Europea mantendrán reuniones trimestrales, presenciales o virtuales, para hacer balance de los avances en la aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, con el calendario de las solicitudes de pago como punto permanente del orden del día de esos encuentros.

Según se dispone en el acuerdo, España tendrá que informar a la Comisión Europea de cualquier "riesgo significativo" para el calendario de realización de cualquier hito u objetivo, especialmente cuando pueda tener implicaciones para el calendario de la solicitud de pago asociada.

Desembolsos ligados al cumplimiento de objetivos

Este acuerdo permitirá solicitar en los próximos días el primer desembolso semestral de recursos europeos, de 10.000 millones de euros, que se sumaría a los 9.036 millones de euros que ya recibió España en forma de prefinanciación, correspondiente al cumplimiento de los 52 hitos del Plan de Recuperación.

Con la aprobación de las Disposiciones Operativas, España cumple con otro requisito para seguir avanzando en la ejecución del mayor paquete de estímulo jamás financiado en Europa y que supondrá una movilización total de 140.000 millones de euros para el país. De esta cantidad, unos 70.000 millones llegarán en forma de transferencias directas, que se tendrán que ejecutar entre los años 2020 y 2026, y el resto en forma de préstamos.

Tras el anticipo de 9.000 millones, que es el único que no está sujeto al cumplimiento de hitos y objetivos, el Gobierno se prepara para solicitar los 10.000 millones que se esperan para este último trimestre de 2021.

El previsto para mediados de 2022 será el mayor pago que reciba España en los cinco años de vida del fondo anticrisis de la UE y ascenderá a 12.000 millones de euros. Para desbloquearlo, España tendrá que cumplir los 40 hitos y objetivos que ha pactado con las autoridades europeas y las reformas del mercado laboral jugarán un papel crucial, por lo que el Ejecutivo está intensificando las reuniones con los agentes sociales para tenerla lista antes de que acabe el año.

En total, siete de las 18 medidas incluidas en el componente laboral del plan de recuperación del Gobierno deben estar adoptadas a finales de este año para que Bruselas pueda verificar su cumplimiento antes de autorizar el pago de los 12.000 millones. Para la segunda parte de 2022, se espera la llegada de unos 6.000 millones, mientras que para mediados de 2023 se estiman otros 10.000 millones, que se sumarían a los 7.000 millones que se esperan para finales de ese año.

De cara a los últimos años dispuestos para estas ayudas, se prevén para 2024 unos 8.000 millones; para 2025, unos 3.500 millones y para 2026, unos 4.000 millones. Pero para su llegada, la Comisión ha acordado con España unos "mecanismos de verificación" para cada uno de los hitos y objetivos incluidos en el Plan. Así, el Gobierno tendrá que presentar copias de las evaluaciones ex-ante de las reformas, los textos que se recojan en el Boletín Oficial del Estado o documentos de síntesis que justifiquen debidamente el gasto o la reforma para el cumplimiento de hito.