En una comparecencia de unos 20 minutos en la que sólo ha contestado a su abogado, Forcadell ha hecho un alegato a favor de su inviolabilidad, y del mismo modo que la secretaria primera de la mesa, Anna Simó, ha interpelado directamente a la presidenta del tribunal, Maria Eugènia Alegret, y al fiscal Francisco Bañeres como garantes de la legalidad.
Asimismo, Forcadell ha asegurado que en ningún caso "transgredió" el mandato de Tribunal Constitucional al permitir que se votara la resolución aprobada el 6 de octubre de 2016, porque, según ella, se limitaba a recoger lo que se había abordado y debatido en el pleno de la Cámara catalana durante el Debate de Política General.
Esa resolución insiste en la capacidad de Catalunya para la autodeterminación, insta al Govern a celebrar un referéndum vinculante "con una pregunta clara y de respuesta binaria", pone un límite para su celebración y crea una comisión para el seguimiento del proceso de autodeterminación, entre otros puntos.
Según han indicado las citadas fuentes, Forcadell ha explicado que en el Debate de Política General el presidente de la Generalitat plantea los temas cruciales del mandato y que las resoluciones del Parlament recogen posteriormente estas líneas estratégicas, y la función de la Mesa es que estas cuestiones queden recogidas.
Precisamente este es el punto donde pivota el caso y es lo que dilucidará si hubo desobediencia: si la Mesa debe permitir todos los debates o debe establecer un veto en determinadas cuestiones, como en este caso en el que hay un mandato del TC, según fuentes judiciales.
Según consta en el reglamento de la cámara, la Mesa tiene poder para decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria, según su artículo 37.3 sobre las funciones de la Mesa.
Se trataría de dirimir si la Mesa hace un mero control formal de los debates y resoluciones o si tiene un poder de fiscalización sobre la naturaleza de los temas que se abordan y puede impedir algunos.