El dato ha sido ofrecido por la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), que ha explicado que tras la publicación en el BOJA del decreto-ley de vivienda, las familias que cumplan los requisitos podrán dirigirse a las oficinas de defensa de la vivienda.
Las oficinas fueron abiertas por la Junta el pasado octubre en las capitales andaluzas y a través de ellas podrán empezar el trámite para la expropiación temporal del uso de la vivienda inmersas en procedimiento de desahucio para casos de emergencia.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, la consejera ha aclarado que el decreto-ley de la función social de la vivienda no prevé que las personas físicas sean sancionadas por tener viviendas deshabitadas, sino que se incentivará que las pongan en alquiler para "hacer de la vivienda un derecho humano".
Antes de comparecer en la comisión de vivienda del Parlamento andaluz, la consejera ha puntualizado que las sanciones por tener viviendas vacías que contempla dicho decreto, aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno andaluz, se aplicarán a las personas jurídicas, y ha asegurado que el parque público andaluz no tiene viviendas deshabitadas.
En total hay unas 350.000 familias que son "inquilinos de la Junta" y se cumple, por tanto, con "la función social de la vivienda", ha subrayado la consejera, quien ha defendido la iniciativa del Gobierno andaluz para buscar soluciones a un problema social como son los desahucios.
El Ejecutivo andaluz ha conseguido con este decreto-ley situar este asunto en el debate de España y ha sido "capaz de resolver desde el derecho a la vivienda la expropiación temporal del uso para proteger a las familias en proceso de desahucio o que sufren la pérdida de su vivienda", ha agregado.