El juez Velasco cree que hablamos de casos individuales, políticos que al no tener muy claro su horizonte electoral optaron por lucrarse. José Carlos Boza, el delfín de Granados en Valdemoro, firmó un contrato de 60 millones sin ningún tipo de control con Cofely, empresa que la policía sitúa en el centro de la trama. Para Enrique Morago, Concejal de UPyD en Valdemoro, recuerda que le dijeron a Boza que "ese contrato no era necesario".
Uno que como Granados apuraba sus últimos cartuchos políticos es el alcalde de Parla, que ya había anunciado que no optaría a la reelección. Pero antes de dedicarse a sus tareas suscribió un contrato de 54 millones con Cofely. Juan Carlos Churruca, Concejal de UPyD en Parla afirma que "lo que se investiga es una posible corrupción por cobro de comisiones".
Otro de esos contratos se cerró en Collado Villalba, donde el consistorio nunca había pagado tanto a alguien, tal y como recuerda el coordinador de IU en ese municipio, Ricardo Terrón, que asegura que fue un contrato de 43 millones de euros.
Acuerdos similares con Cofely se investigan ahora en Madrid capital o en consistorios gallegos, pero hay otra empresa que también levanta sospechas. Es la informática EICO de Alejandro de Pedro, que por ejemplo llegó a varios acuerdos con la diputación de León, que consiguió acuerdos millonarios. La Guardia Civil registró EICO y ya ha detenido al jefe informático de la Comunidad de Madrid.