"En mi cabeza no tengo en este momento ese asunto", ha dicho Cayo Lara en una entrevista en Antena 3. Lara se desmarcaba así de las palabras de su diputado Alberto Garzón que afirmó en 'Al Rojo Vivo' que su partido será el primero en "plantear querellas (contra el rey) por los hechos delictivos que hubiera podido cometer en todo su reinado" si no hay ninguna ley que le exima de responsabilidades penales una vez que deje el trono.

No obstante, Lara sí ha pedido que don Juan Carlos pase a ser un "ciudadano como los demás, con los mismos derechos y garantías" que el resto. Interpelado entonces por su propio aforamiento como diputado, el líder de IU ha replicado que él sólo quiere ese aforamiento para "los debates parlamentarios", pero que los cargos públicos y electos no deberían tener esa epecial protección para el caso de delitos comunes, especialmente si son de corrupción.

Lara ha insistido en pedir un referéndum para que los ciudadanos elijan entre Monarquía y República porque cree que sería lo "democrático" y que es "racional" y "legítimo" ahora que don Juan Carlos va a dar paso a un sucesor. A su juicio, cuando se dice que el 90% del Congreso apoyará al nuevo rey debería decirse que el 90% "va a impedir que el pueblo español opine".

Después de que el Gobierno haya dejado claro que decidir entre Monarquía y República implicaría una reforma constitucional, ha respondido que el artículo 135 "se modificó en una tarde" en agosto de 2011 y que, en todo caso el propio texto prevé la posibilidad de convocar referendos, como se hizo con la Constitución europea.

Además, ha respondido a quienes le recuerdan que el histórico dirigente del PCE, Santiago Carrillo, aceptó la Monarquía entendiendo que la clave era la democracia, replicando que en 1978 "se hizo el pacto que se pudo hacer" y, además, con "ruido de sables" y en un momento muy determinado de la historia.

A su juicio, lo importante es que el 70% de la población española no ha votado la Constitución y "tiene derecho a opinar", porque las decisiones no se toman "pasa siempre" y porque considera que la Constitución de 1978 "se está violando sistemáticamente por parte de los poderes financiero y económicos" en lo que tiene que ver con los derechos.