Claves de la ley de alcohol y menores: qué implica y cuáles son las sanciones por su incumplimiento

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 11 de marzo, el proyecto de ley de alcohol y menores con el que se pretende reducir el consumo en esta población, limitando los espacios en los que se podrá beber, así como la publicidad, el patrocinio y la venta y dispensación de esta sustancia.

Este proyecto del departamento de Mónica García, al que ahora se le ha dado luz verde, aúna un sinnúmero de normativas dispersas y homogeneiza las que ya aplican las comunidades y otras ordenanzas municipales para frenar su consumo en los más jóvenes, o al menos a retrasar la edad de inicio.

El objetivo que se persigue con esto es proteger la salud de los menores y promover un consumo responsable de alcohol en la sociedad. Esta iniciativa se centra en los menores de edad, ya que el consumo precoz de alcohol aumenta el riesgo de desarrollar adicción y afecta negativamente al desarrollo cerebral.

Medidas clave

En concreto, recoge que se prohibirá el consumo a todas las personas, adultos incluidos, en centros docentes (salvo universidades), de protección de menores y residencias de estudiantes que admitan menores y en espacios deportivos, de ocio o dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan concebido expresamente para ellos.

En esos lugares en los que no se podrá beber, tampoco se podrá emplazar publicidad, ni en sus cercanías ni en las de otros lugares frecuentados por menores, como centros sanitarios, de servicios sociales y sociosanitarios, parques y lugares de ocio infantil. Esto incluye el mobiliario de hostelería, sean sillas, mesas, toldos, sombrillas, servilleteros o cualquier elemento que haga alusión a una marca de bebida alcohólica.

Entre otras medidas, la normativa extiende el veto de cualquier forma directa, indirecta o encubierta de publicidad de productos que simulen ser una bebida alcohólica y prohíbe el uso de voces o imágenes de personas de menos de 21 años, de adultos caracterizados de menores, embarazadas o personajes reales o ficticios de relevancia para la población menor de edad.

También obliga a instalar en las máquinas expendedoras mecanismos que comprueben la mayoría de edad, similar al que ya usan algunas máquinas de tabaco.

El alcohol es la sustancia psicoactiva de consumo más generalizado entre estudiantes de 14 a 18 años. En 2023, el 75,9% dice haberlo consumido alguna vez en su vida, el 73,6%, en el último año, y el 56,6%, en el último mes.

Según la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), la edad media de inicio del consumo es de 14 años. Además, la percepción de los adolescentes sobre la facilidad para adquirir bebidas alcohólicas es muy alta.

Multas de 60 a 600.000 euros

El anteproyecto de ley ya recogía una serie de sanciones a las que podrían enfrentarse aquellos que incumpliesen la ley. En concreto, hace tres divisiones:

• Infracciones leves: serán sancionadas con apercibimiento o con multa de 60 hasta 600 euros.
• Infracciones graves: serán sancionadas con multas de 601 euros hasta 30.000 euros y/o suspensión temporal de la actividad y/o con cierre temporal, total o parcial, del establecimiento, centro, local o empresa, por un periodo de hasta tres años. La autoridad competente podrá acordar como sanción complementaria la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de por un periodo de hasta tres años.
• Infracciones muy graves: serán sancionadas con multa de 30.001 euros hasta 600.000 euros y/o cierre temporal, total o parcial, del establecimiento, centro, local o empresa, por un periodo de hasta cinco años. La autoridad competente podrá acordar como sanción complementaria la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública o beneficio fiscal o de seguridad social por un periodo de hasta cinco años.

Para determinar el alcance de las sanciones contempladas en dicha ley, se tendrán en consideración el principio de proporcionalidad y, en todo caso, los siguientes criterios de graduación: el riesgo o perjuicio generado para la salud; el grado de culpabilidad o intencionalidad; que la infracción perjudique a menores de edad; la transcendencia de la infracción, entre otras, que los menores lo sean por debajo de los 14 años, o personas menores de edad con discapacidad física o intelectual; el volumen de negocio y los beneficios obtenidos por la conducta; la reincidencia y reiteración: el grado de difusión de la publicidad; y el grado de colaboración con la Administración.

La normativa habilita a las fuerzas de seguridad poder hacer pruebas de alcoholemia en lugares y en circunstancias en las que el consumo de alcohol esté prohibido y contempla la posibilidad de sustituir las sanciones derivadas de infracciones leves por la participación en programas de sensibilización.