Tras declararse como responsable de la Consulta del 9N, al presidente de la Generalitat se le apuntan cuatro posibles delitos.
El primero, el de desobedencia grave a la autoridad, conllevaría su inhabilitación para ejercer su cargo público entre seis meses y dos años. La autoridad desobedecida sería la del Constitucional. Aquí entran las interpretaciones sobre cómo de claro fue el Alto Tribunal al suspender la consulta. "El Tribunal Constitucional no prohibió de modo expreso bajo amenaza de delito de desobedencia la continuación de ese proceso" afirma Luis Rodríguez Ramos, abogado y catedrático de derecho penal.
Muy ligado al anterior delito, se le acusa de usurpación de funciones. Desobeder y a la vez hacer desobedecer a los trabajadores públicos. Según la Fiscalía, se habría puesto en un brete la autoridad del Constitucional en Cataluña.
Delito de prevaricación. La querella recoge cómo Artur Mas auspició la consulta con su toma de decisiones.
Por último, acusación por malversación de fondos públicos. Para llevar a cabo la jornada del 9N, la Generalitat dio un soporte que implicó gasto. La malversación habría existido si se usó dinero público para algo que no fuera público, lo que supondria la inhabilitación de 6 meses a 3 años.
Será el Tribunal Superior de Justicia catalán quien valore, si se admite a trámite la querella se podría abrir juicio oral, que haría sentarse en el banquillo previsiblemente al presidente Artur Mas. Ademas, la querella también incluye a la vicepresidenta y su consejera de cultura.