Con las informaciones sobre su ático marbellí llenando portadas, el Gobierno de Ignacio González se marcó un objetivo: limpiar su imagen, según las declaraciones de la trama Púnica.
Para ello recurre a la empresa del conseguidor Alejandro de Pedro. Así lo cuenta una de sus empleadas ante el juez: "Mi función era mejorar la reputación de la Comunidad de Madrid y del presidente de la Comunidad".
Aunque la Comunidad de Madrid siempre ha defendido que contrataron a la empresa para labores de seguimiento de las noticias, la trabajadora lo desmiente: "Había veces que si había una noticia negativa pues, no es que se volviese positiva, se contaba más neutral para intentar contrarrestar otros resultados".
Un trabajo, de 120.000 euros al menos, que la Fiscalía sospecha se trató de pagar en B a través de la empresa Indra. Así lo confesó el exjefe de Informática de la Comunidad de Madrid.
José Martínez Nicolás pidió a la tecnológica que saldasen la deuda por ellos. El expresidente de Indra, que negó haber pagado, admitió que hubo presión y que quiso pagar de otra forma.
Salvador Victoria, también señalado, ha vuelto a repetir que están colaborando con la Justicia y que todos los contratos están en regla.