La juez Alaya envió a la Guardia Civil a las Cortes para notificar a Manuel Chaves y José Antonio Viera su preimputación en la causa de los ERE, con orden de entregar un oficio al presidente del Congreso. Posteriormente, otra pareja de la Benemérita acudió al Senado a entregar otro documento a Pío García Escudero cuyo destinatario era José Antonio Griñán.