La iniciativa de IU pide la reforma del artículo 135 de la Constitución para que el pago de los servicios públicos fundamentales prime frente a cualquier otro gasto presupuestario. También propone la derogación de todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a esa reforma constitucional y, en particular, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Como la proposición de ley no va a prosperar debido a la mayoría absoluta del PP, Sánchez ha anunciado que su partido la volverá a plantear en el Congreso el próximo mes de febrero. El secretario general socialista ha admitido que la reforma que él mismo apoyó como diputado fue equivocada porque se hizo de manera exprés, impidiendo la consulta a la ciudadanía.
También ha criticado que el cambio pactado entre Zapatero y el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, fue utilizado por el PP para "justificar y amparar legalmente los recortes en sanidad, educación y pensiones" a su llegada al Gobierno.
Sánchez acepta que se mantenga el principio de estabilidad presupuestaria, siempre que se garantice financiación suficiente para los servicios públicos esenciales. El portavoz adjunto del PP en el Congreso Rafael Hernando ha tachado de "aurora boreal" que el PSOE pida ahora corregir la reforma de la Carta Magna de Zapatero dirigida a que los socialistas no acabaran "fundiéndose el dinero" de los españoles.