Después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el proyecto de ley educativa por el que se modifica la LOE de 2006, que a su vez fue transformada por la LOMCE de 2013, deberá remitirse al Congreso para su tramitación.
Esta reforma educativa, conocida como 'ley Celaá', cuenta con el dictamen favorable del Consejo Escolar del Estado, pero ha sido criticada por la mayoría de los partidos políticos, en especial por el PP y Ciudadanos.
En el hasta ahora anteproyecto de ley, se subrayaba que Religión dejaba de ser computable y no tendría asignatura espejo para los alumnos que no la escogieran.
Otra clave es que se introduce la asignatura de Valores Cívicos y Éticos en un curso de Primaria y en otro de Secundaria.
En los últimos cursos de Primaria y Secundaria se llevarían a cabo, con carácter muestral y plurianual, evaluaciones de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado.
El 55 % de las competencias en relación al currículo estará marcado por el Gobierno en comunidades con dos lenguas oficiales y el 65 % en regiones con una sola lengua oficial; a las comunidades les corresponde el restante 45 % y 35 %, respectivamente.
Se prevé que el nivel de competencia logrado en cada una de las lenguas, el castellano y la lengua cooficial, sea analizado permanentemente por parte de los centros para detectar y corregir disfunciones en su aprendizaje.
Otra clave es que en el Bachillerato, que seguirá siendo de dos cursos, los estudiantes que acaben primero con más de dos asignaturas suspensas no tendrán que repetir el curso completo sino solo las materias pendientes, y no se podrán matricular del segundo curso completo; podrían así conseguir aprobar el Bachillerato en tres años.
En su última comparecencia en el Congreso, Celaá subrayó otros puntos de su reforma, como que se regularán los requisitos mínimos que deben cumplir los centros de 0 a 3 años; en Secundaria se facilitará la agrupación de materias en ámbitos de conocimiento; y se da impulso a la escuela "insular", además de a la "rural".