Un disparo de soldados estadounidenses acaba con la vida de José Couso el ocho de abril de 2003. Una de las últimas zancadillas a la investigación es la reforma legal aprobada por el Partido Popular que limita hasta casi hacer desaparecer la Ley de Justicia Universal. Deja sin tutela judicial a los españoles que en el extranjero sean víctimas de crímenes de lesa humanidad.
“Ser español a partir de ahora va a ser tener una ciudadanía de segunda. Va a ser más fácil matar a españoles porque se sabe que la justicia de su país no les va a amparar que matar a otros ciudadanos” afirma Olga Rodríguez, periodista y testigo del caso Couso.
Una norma que ya está en vigor y que obliga a dar carpetazos a casos como el del cámara muerto en Irak pero que el juez Pedraz que instruye la causa se niega a archivar: “No cabe duda de la primacía del Derecho Internacional sobre el Derecho interno”.
Dicen que seguirán pidiendo justicia pero no solo para José Couso: “Llegará un momento que solo dependiendo de quién nos mate o dependiendo de si tenemos dinero para recurrir a la justicia podrán darnos una defensa efectiva y eso no hay que tolerarlo” dice el hermano de Couso, David Couso. La suya es la única causa abierta contra militares norteamericanos.