La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, investigará el modo en que el Gobierno está aplicando la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anuló la Doctrina Parot en el caso de la etarra Inés del Río, anulación que se viene extendiendo a la mayoría de los presos afectados por la misma.
Fuentes de la institución que dirige Becerril han confirmado que la iniciativa se ha tomado después de que la Defensora recibiera una carta de la asociación Dignidad y Justicia solicitando una actuación en relación con este tema.
Becerril ha solicitado información al Fiscal del Estado, Eduardo Torres Dulce, y a los ministerios competentes en el asunto, el de Justicia y el de Interior, que ocupan respectivamente Alberto Ruiz Gallardón y Jorge Fernández Díaz.
La Defensora del Pueblo se ha interesado por la protección de las víctimas en relación con posibles delitos de enaltecimiento del terrorismo cometidos en relación con las excarcelaciones.
Así mismo, ha consultado a las citadas instituciones sobre la posición que han mantenido el fiscal y el Abogado del Estado en los diversos procedimientos abiertos para anular la aplicación de la Doctrina Parot a terroristas y otros presos condenados por delitos graves.