La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha asegurado que la Fiscalía "se mueve exclusivamente bajo el principio de legalidad" tras ser preguntada sobre la archivación de todas las querellas contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus.
Delgado ha afirmado que las decisiones fiscales "están regladas con procedimientos rigurosos": "Se siguen esos procedimientos y después se aplica la ley desde nuestro punto de vista".
"La Fiscalía, que tiene un 70% de apoyo judicial en sus informes, se mueve exclusivamente bajo el principio de legalidad", ha insistido la exministra de Justicia, que ha afirmado que los procedimientos son "transparentes y reglados".
"Se aplica la ley, que es lo que hace a la ciudadanía igual, en unos y otros territorios. La Fiscalía no puede ser un campo de batalla, la Fiscalía se mueve por unos principios mucho más rigurosos, y es una garantía para los ciudadanos que sea así", ha afirmado.
Preguntada sobre por qué no se convocó a la Junta de Fiscales antes de cerrar el informe sobre las querellas del Supremo, Delgado ha defendido que "no concurren los requisitos": "La Fiscalía se rige por el principio de legalidad, y el principio de legalidad supone que sigamos los procedimientos legalmente previstos para la toma de decisiones. En este caso a quien corresponde es al teniente fiscal del Supremo, es él quien toma las decisiones acompañado de otros fiscales de sala", ha explicado.
"Se sigue todo un procedimiento legal, y es el que se ha seguido, en base a unos principios de legalidad", ha reiterado.
La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo queno admita a trámite las más de 20 querellas interpuestas a lo largo del estado de alarma contra el Gobierno de Pedro Sánchezpor la gestión de la pandemia de coronavirus.
En su escrito, de más de 300 páginas, el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, aborda todas las querellas interpuestas de forma individualizada: no entra en consideraciones genéricas aunque si comparte argumentos entre varias.
Uno de esos argumentos genéricos señala que "los querellantes se limitan a manifestar su discrepancia con la actuación política desarrollada por los querellados, no aportando elemento objetivo alguno que permita conectar las situaciones de riesgo para los trabajadores y las muertes que se atribuyen a causa de la crisis sanitaria desatada por la enfermedad Covid-19".