Es el momento en que los antidisturbios revientan la puerta de la vivienda de la familia Gracia. Nadie les habia avisado. Allí viven desde los años 50, tres generaciones de esta familia con tres menores a su cargo.
Los gritos de los vecinos no parecen pararles. Los agentes acordonan la zona y Maria, Luis y su familia salen a pie de la casa. Minutos después, una excavadora se acerca. Van a derribar la vivienda, la única de las 19 del edificio que aún queda en alza.
El Plan de Remodelación municipal prevé construir un residencial y necesitan seis metros de acera que ocupa esta casa antigua. Por esta misma reacción se paralizo el desalojo en agosto de 2013. Pero, después de que el juez lo volviera a autorizar este mes, ha sido inevitable.
Entre insultos y golpes, vecinos y activistas tratan de conseguir el control de la máquina. Se encaraman a ella e intentan resistir, mientras otro grupo intenta cortarles el paso con contenedores.
Siete personas son detenidas, acusadas de rociar con gasolina a los agentes antidisturbios. Los testigos confirman con fotos que sólo es un manguerazo de agua de una vecina desesperada.
El Ayuntamiento alega que los García González no aceptan el dinero por el que se ha tasado la casa, 399.000 euros. Dice que ellos piden más del doble y no ceden a marcharse, como sí han hecho las otras 15 familias.
El consistorio insiste: les ofrece viviendas para su realojo, que según dice, la familia desestima. Mientras, el número 29 de la calla Ofelia Nieto, hoy no resistirá.