Según ha informado la Dirección General de la Policía, los arrestados están acusados de falsedad documental y fraude a la Seguridad Social cometidos a través de un entramado de empresas ficticias compuesto por once sociedades interrelacionadas.
En ellas se habría dado de alta fraudulentamente a 821 supuestos trabajadores que habrían aprovechado la circunstancia para tramitar permisos de residencia y regularizar su situación en España en el caso de los ciudadanos extranjeros -162 casos detectados-, y para cobrar distintas prestaciones y subsidios indebidamente por valor de más de tres millones y medio de euros. La cantidad total defraudada asciende a casi seis millones de euros.
La investigación se inició por un informe de la Inspección Provincial de Trabajo de Barcelona en el que comunicaban ciertas irregularidades detectadas tras una inspección llevada a cabo en una empresa con sede social en la ciudad condal.
Esta empresa estaba interrelacionada con otras diez sociedades mercantiles que, según se desprendía del informe, eran ficticias y habían sido creadas para defraudar. Con toda la información la Policía detuvo a 66 personas en la provincia de Barcelona y se incautó de importante documentación para imputar a personas en otras provincias.
Finalmente se detuvo a 57 implicados más en la provincia de Jaén, cinco en Sevilla, dos en Cádiz, dos en Granada, uno en Palma de Mallorca, uno más en Barcelona, uno en Gerona, 24 en Ciudad Real, uno en Toledo, dos en Valladolid, 16 en Badajoz, cuatro en Cáceres, dos en Murcia y cuatro en Alicante. En total el número de detenidos asciende a 188, entre los que se encuentran los tres principales responsables del entramado.