La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha detallado que la "segunda fase" de la investigación iniciada por la Guardia Civil en relación con las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta comprende 30 personas afectadas como detenidos o imputados y una docena de registros en las provincias de Sevilla, Jaén, Cádiz, Granada, Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.
Según ha explicado en rueda de prensa junto al alcalde de Sevilla y presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, tras la Junta Local de Seguridad, Crespo ha indicado que prevé que esta "segunda fase" de la investigación, centrada en las empresas 'mediadoras' de la trama, concluya "a lo largo de esta jornada" después de que la primera se saldase con un total de 116 imputados.
Entre los arrestados hay empresarios, testaferros y abogados, según han informado fuentes de la investigación, que han indicado que a lo largo del día se efectuarán varios registros en domicilios y bufetes de abogados en algunas localidades de Andalucía, como la gaditana de Jerez de la Frontera o Sevilla.
Los investigadores han detectado que empresas en suspensión de pagos solicitaban la aprobación de expedientes de regulación de empleo para sus trabajadores, que estaban cubiertos por pólizas de seguros.
Esas pólizas de seguros eran contratadas con empresas mediadoras a cambio del cobro de comisiones ilegales, de forma que los empleados sujetos al ERE salían beneficiados económicamente al ser despedidos y también las empresas, que recibían no solo una comisión de la mediadora sino las subvenciones de la Junta de Andalucía por el expediente de regulación de empleo. Una vez "liquidada" la empresa, volvían a montar otra para continuar su actividad fraudulenta.