El juicio por el 'procés' independentista en Cataluña comienza a celebrarse este martes en el Tribunal Supremo, apenas 14 meses después de iniciarse la investigación criminal contra los presuntos responsables de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el referéndum ilegal del 1-O y la fallida Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de 27 octubre de 2017.

El inicio de las sesiones arranca con una expectación política y mediática sin precedentes pese a que la jornada, dividida en sesiones de mañana y tarde, se dedicará en exclusiva a que las defensas de los 12 exmandatarios independentistas puedan exponer sus argumentos para intentar, en última instancia, la nulidad de todo el procedimiento judicial -las denominadas cuestiones previas-.

Pese a lo técnico del acto judicial en sí, la sesión permitirá ver por primera vez la Sala constituida y a los 12 encausados frente al tribunal, considerado 'equilibrado' por pertenecer sus siete miembros a diferentes sensibilidades dentro de la Carrera y a cuyo frente se sitúa el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, que será además el ponente de la sentencia.

Completan la Sala Antonio del Moral, Ana Ferrer, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Andrés Palomo.

Los fiscales adscritos al caso son Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, que previsiblemente se turnarán en la sala de vistas de dos en dos. Este martes asistirán Zaragoza y Moreno.

Como representante de los servicios jurídicos del Estado se estrenará en este juicio la nueva jefa de lo Penal de este cuerpo, Rosa María Seoane, asistida por Elena Sáenz Guillén; mientras que por Vox, que ejerce la acusación popular, estarán el secretario de Organización Javier Ortega Smith y Pedro Fernández.

Frente a ellos, hasta 17 abogados organizados en hasta ocho equipos diferentes de defensa.

El arranque permitirá resolver algunas dudas aún pendientes, como es el lugar que escogerán los 12 encausados para sentarse en la Sala, ya que se les dio la oportunidad de eludir el banquillo y situarse junto a sus abogados -aunque la falta de espacio les obligaría a ocupar sillas justo detrás, lo que no ha gustado a las defensas-.

Ninguna de ellas ha aclarado qué harán finalmente sus defendidos, y cabe la posibilidad de que los acusados de ERC opten por una opción y los vinculados al PdeCAT a otra, evidenciando una ruptura en sus estrategias.

Para quien la Fiscalía pide más pena es para Junqueras, (que se enfrenta a 25 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por rebelión agravada por la malversación de fondos públicos), para a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (17 años por rebelión) y para los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (17 años por rebelión), todos ellos en prisión provisional, como los "principales promotores" del desafío soberanista.

También se encuentran en prisión preventiva varios exconsejeros del último Ejecutivo de Carles Puigdemont como son los exconsejero del Interior Joaquim Forn, Presidencia Jordi Turull, Exteriores Raül Romeva, Territorio y Sostenibilidad Josep Rull Trabajo Dolors Bassa ( Fiscalía reclama 16 años por rebelión y malversación para todos ellos).

Para los consejeros que están fuera de la cárcel -Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila la Fiscalía pide penas de 7 años de cárcel por delitos de malversación y continuado de desobediencia.

Respecto a las acusaciones de rebelión -sedición en el caso de la Abogacía del Estado- pivotarán sobre la acreditación o no de la violencia en el desarrollo de los hechos del otoño de 2017, que causaron una crisis política y social sin precedentes y provocaron que el Gobierno suspendiera por primera vez la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.