El dictamen jurídico encargado por Sumar sobre la amnistíacontempla que esta abarque el periodo de 2013 a 2023 y la justifica por "la falta de proporcionalidad con la que se adoptaron ciertas decisiones judiciales". El documento, presentado este martes en un acto en Barcelona al que ha asistido Yolanda Díaz, argumenta en sus 40 páginas el encaje constitucional de la medida y la defiende como una "herramienta política útil para pacificar el conflicto".
La propuesta limita su aplicación solo a las "acciones y omisiones que hayan tenido por finalidad la reivindicación del derecho de autodeterminación" e incluye también como amnistiables algunas actuaciones de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los encargados de presentar el dictamen han sido el negociador de Sumar, Jaume Asens, y el catedrático Nicolás García Rivas, autor junto a Antoni Llabrés Fuster, Javier Mira Benavent, Guillermo Portilla Contreras y Rafael Rebollo Vargas.
Ante la inexistencia de referencias a la amnistía en la Carta Magna, y frente a las acusaciones de inconstitucionalidad por parte de sus detractores, el dictamen defiende su encaje en la Constitución, remarcando que el silencio constitucional no significa "en absoluto" que no pueda concederse esta medida. En este sentido, García Rivas ha señalado durante su intervención que el texto constitucional tampoco menciona cuestiones como la eutanasia y no por ello es inconstitucional.
Así, el texto subraya que "la amnistía es una institución jurídica presente en el ordenamiento español desde el siglo XIX, que ha mantenido su actualidad en la presente etapa constitucional, que en ningún momento ha sido materialmente cuestionada" y considera que la ampara el artículo 9.3, que "garantiza el principio de legalidad" y la "irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales", lo que "permite que se apliquen retroactivamente disposiciones sancionadoras favorables", como una amnistía.
Justificación política y alcance de la amnistía
Por otra parte, los juristas defienden la amnistía como una herramienta para "resolver desde un punto de vista político el conflicto existente entre Cataluña y el Estado español desde hace algo más de una década" y piden pasar de una política criminal punitivista a una "despenalizadora", siguiendo el camino de los indultoso la derogación del delito de sedición.
Sostienen que la ley de amnistía "servirá, sin duda, para establecer las bases para la solución del conflicto político existente entre Cataluña y el Estado español" y critican que este "resultó agravado por una contundente represión penal y por la falta de proporcionalidad con la que se adoptaron ciertas decisiones judiciales".
En cuanto al alcance de la medida, los juristas proponen que abarque el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 -cuando las instituciones catalanas iniciaron su respuesta al recorte del Estatut por parte del Tribunal Constitucional, que para García Rivas fue una "quiebra institucional muy grave"- hasta el 17 de agosto de 2023, fecha en la que se constituyeron las actuales Cortes Generales.
Asimismo, plantea su aplicación solo sobre "aquellas acciones y omisiones que hayan tenido por finalidad la reivindicación del derecho de autodeterminación de Cataluña", lo que da a entender que ampararía al expresident Carles Puigdemont, pero no a la expresidenta del Parlament Laura Borràs, al tratarse de un caso de corrupción.
Por otra parte, propone que "también serán amnistiadas las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encaminadas a impedir la celebración del proceso participativo y el referéndum". Sin embargo, deja claro que quedarán fuera aquellas actuaciones "susceptibles de ser calificadas como delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral o de delito de detenciones ilegales".