Este documento de dos
hojas manuscritas, cuya autoría y fecha de elaboración se desconoce, hace
referencia a medidas económicas en caso de una declaración de independencia y
en dos escenarios que denominan de "guerra" uno y de
"guerrilla" otro.
De acuerdo con esos
documentos, en el escenario de "guerra" consideran que el Tribunal
Constitucional (TC) actuaría contra los máximos responsables de las
instituciones catalanas y que el Estado asumiría el control de la autonomía,
cortando el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Y en ese escenario, habría que
analizar si se puede afrontar "el primer pago de las nóminas", dice
el documento, que añade que la Generalitat tendría que activar en octubre
"el cobro de los tributos" (impuestos y cotizaciones) del sector
público, que cifra en 4.500 millones de euros.
Asimismo, tendría que
activarse el plan de ajuste de gastos del gobierno catalán y atrasarse los pagos
a proveedores. Como financiación alternativa, en noviembre se cobrarían
impuestos a todas las empresas con capacidad operativa en la Agencia Tributaria
Catalana (ATC) y se emitirían "bonos patrióticos y otros".
También, se buscaría un
sistema para trasladar cuentas a París y no se pagaría al Estado ni
amortizaciones ni gastos financieros "derivados del FLA y otras
deudas". El documento reconoce que el Estado tiene capacidad para cortar
el FLA, por ser "un financiamiento discrecional", una decisión que
podría justificar el Gobierno central incluso en foros internacionales en que
los soberanistas habían empleado esos recursos para financiar y realizar el
referéndum.
Dentro del escenario que
califican de "guerrilla", el documento fecha en julio de 2018 el punto
"crítico" en el que se encontrarían las finanzas catalanas.